Artículos de Reflexión derivados de investigación

La acción de protección frente a obstáculos que impiden el acceso a bienes raíces en Chile

The protection action against obstacles that impede access to real estate in Chile

Alexis Mondaca Miranda

Facultad de Derecho, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile.

Correo electrónico: amondaca@ucsc.cl

Introducción

En las zonas rurales de Chile es posible apreciar una abundancia de parcelas y fundos, ubicados principalmente en las zonas centro y sur del país. En estos inmuebles, junto con las viviendas y otras construcciones, existen, dada la fertilidad del suelo, numerosos sembradíos de gran importancia económica.

En este ámbito, particularmente en las últimas décadas, se han generado conflictos de intereses entre vecinos por la instalación en caminos públicos de portones, rejas, cercas y, en general, cualquier obstáculo físico que atente contra el libre acceso a los bienes raíces de los que son propietarios.

Como fácilmente puede advertirse, esta situación puede originar perturbaciones que inciden gravemente en la vida diaria y constituir un acto de autotutela, como lo estableció la Corte de Apelaciones de Talca en la sentencia rol 409-2023. A modo de ilustración, además de la evidente afección al derecho de dominio, este panorama puede acarrear consecuencias negativas para el derecho a la salud y para la realización de actividades económicas, entre otros.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile (cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fijó el Decreto N.º 100, publicado en el Diario Oficial el 22 de septiembre de 2005), podrá reclamarse en sede judicial, mediante la acción de protección, ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho de dominio, también llamado propiedad, según lo establece el artículo 582 del Código Civil. Este artículo debe complementarse con el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales (en adelante, Auto Acordado), cuyo texto refundido fue fijado en el Acta 94-2015, publicada en el Diario Oficial el 28 de agosto de 2015.

Por ello, los hechos descritos han dado lugar a la presentación de acciones de protección, en primera instancia, ante las Cortes de Apelaciones y, en segunda instancia, ante la Corte Suprema, para que tales tribunales ordenen medidas que restablezcan el imperio del derecho y garanticen la tutela que corresponda al afectado. Cabe precisar que, aunque tanto la Constitución Política como el Auto Acordado emplean la voz “recurso”, estamos en presencia de una acción cautelar de emergencia, puesto que, por su intermedio, como lo ha indicado la doctrina procesalista, no se impugna resolución judicial alguna, sino que, según hemos señalado, se reclama ante actos u omisiones que atentan contra los derechos constitucionales (Leturia, 2018).

En las referidas acciones se solicita a los sentenciadores que, tal como lo prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Constitución chilena, se adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho. En este sentido, en los juicios que nos ocupan, cuando se acogen las acciones de protección, los tribunales de justicia ordenan el retiro del elemento que obstruye el camino dentro de un plazo determinado en la respectiva sentencia definitiva.

A la luz de lo expuesto, el presente artículo tiene por objetivo proponer criterios que permitan contribuir a la resolución de los litigios generados por la colocación de elementos que dificultan el ingreso a terrenos respecto de los cuales se es titular del derecho de dominio.

Se empleará el método dogmático y se acudirá a la técnica de análisis de documentos. Por ello, junto con considerar la normativa pertinente, se revisará la literatura jurídica especializada y se analizarán las sentencias de los tribunales superiores chilenos, esto es, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

Considerando este objetivo, nos referiremos a los siguientes puntos: la inexistencia de un derecho indubitado; la prueba de la vulneración; la exclusión de las materias propias de otros juicios; la relevancia que se ha concedido a la mantención del statu quo; la prohibición de la autotutela; y la afección a derechos diversos del dominio. Por último, explicitaremos nuestras conclusiones.

Desarrollo

La inexistencia de un derecho indubitado

La acción de protección procede ante la vulneración de los derechos establecidos, en términos taxativos, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, entre los que se encuentra el derecho de dominio.

A mayor detalle, y con el fin de proporcionar un panorama más completo, hacemos presente que los otros derechos protegidos por la acción en comento son: a la vida y a la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley; a no ser juzgado por comisiones especiales; el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y la protección de los datos personales; la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada; a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado; libertad de enseñanza; libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa; el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas; derecho de asociación; libertad de trabajo, derecho a su libre elección y libre contratación; derecho de sindicalización; igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas; a desarrollar cualquiera actividad económica; la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica; la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así; y la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie.

Para acoger esta acción se exige, como requisito sine qua non, que el recurrente sea el titular indiscutido del derecho o los derechos que, según alega, han sido vulnerados.

Dada la urgencia de adoptar las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, las acciones de protección, sujetas a un procedimiento particularmente rápido, no contemplan una etapa probatoria. Con todo, como lo ha estudiado Machado Martins (2019, p. 751), ello no habilita al juez para decidir sin el apoyo de pruebas que acrediten lo argumentado por los contradictores. Agrega la mencionada autora que las probanzas que se presenten deben conceder tanto certeza como exigibilidad al derecho que se estima vulnerado; por ello, debe tratarse de un derecho indiscutible o indubitado.

Siguiendo a Machado Martins, el requisito principal para determinar la preexistencia y el carácter indubitado de un derecho es la certeza jurídica. A mayor abundamiento, el derecho materia de la acción de protección debe tener su origen en un precepto jurídico explícito, de forma tal que no puede entenderse como indubitado el que se funda en la analogía, la equidad o los principios generales del derecho. Con todo, la autora admite como excepción a lo señalado los derechos implícitos (2019, p. 751).

Por nuestra parte, no compartimos la última afirmación de Machado Martins. Para ello, nos basamos en el claro tenor literal del artículo 20 de la Constitución chilena, texto que indica cuáles son los derechos y garantías constitucionales cuya violación hace procedente una acción de protección. A ello se suma que la breve regulación de la acción de protección se teñiría de incertidumbre si se admitiera que no existe una norma que fije taxativamente los derechos que aquella cautela. En términos simples, se correría el riesgo de que surgieran dudas respecto de la procedencia de una acción que posee como presupuesto un derecho indubitado.

Además, la propia existencia de los derechos implícitos es objeto de una ardua polémica. Sin ánimo de agotar el punto, para el objetivo del presente trabajo, entendemos que la cuestión ha sido sólidamente estudiada, entre otros, por Candia Falcón. Según este autor, los aludidos derechos han sido establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que Candia Falcón cataloga como instancias de creación judicial no armonizables con los requerimientos del Estado de derecho: “Ello por cuanto implica la vulneración de la idea de legalidad, que exige que la Corte actúe en conformidad a las potestades entregadas de forma previa por la Convención. Finalmente, se concluye que la problemática planteada encuentra solución en la propia Convención, la que ofrece factores que buscan, efectivamente, limitar las potestades de la Corte” (2015, p. 898).

A la luz de lo indicado, un primer criterio de rechazo de las acciones de protección opera si el recurrente no puede demostrar la titularidad de los derechos constitucionales cuya tutela solicita. Si no existe un derecho indubitado, la acción de protección no es procedente, puesto que se requeriría un pronunciamiento jurisdiccional sobre cuestiones jurídicas de fondo, por ejemplo, una sentencia que declare que una persona es dueña de un determinado bien, lo que excede los márgenes de la acción cautelar de protección, tal como lo ha establecido la Corte Suprema en la sentencia rol 49.859-2021.

La titularidad del derecho cuya vulneración se alega debe ser fehacientemente acreditada; en caso contrario, la acción será desestimada. Lo indicado ocurrió en la sentencia rol 2149-2023 de la Corte de Apelaciones de La Serena, puesto que los recurrentes señalaron ser arrendatario y propietario de establecimientos comerciales, pero no probaron tales calidades jurídicas respecto de dichos bienes.

En otro juicio, la Corte Suprema, en la sentencia rol 24.833-2026, rechazó una acción de protección, dado que, en concepto de dicho tribunal, la existencia de una servidumbre de tránsito debía probarse en un juicio diverso; servidumbre que, obviamente, permitiría la circulación, con arreglo a derecho, de la parte recurrente. En otros términos, la Corte entendió que no existía certeza respecto de uno de los pilares de lo alegado por el que dedujo la acción de protección. En similar sentido se pronunció el mencionado tribunal en la sentencia rol 22.917-2025.

Este criterio, desde el punto de vista cronológico, junto con el tratado en el subtítulo siguiente, esto es, la prueba de la vulneración, es el primero que puede fundar una decisión contraria a las pretensiones de quien presenta una acción de protección. En efecto, el examen de admisibilidad, disciplinado en el artículo 2 del Auto Acordado, siguiendo la interpretación de Larroucau Torres (2021, pp. 29 y ss.), contempla la existencia de un derecho indubitado al referirse a las motivaciones de hecho de la invocada violación de derechos.

La prueba de la vulneración

Un segundo criterio de rechazo de las acciones en estudio está dado por la circunstancia de no haberse podido soportar, en términos adecuados, la carga de la prueba. En efecto, corresponde al solicitante acreditar sus alegaciones, de forma tal que, si no se ha probado la alegada vulneración a un derecho fundamental tutelado mediante la acción de protección, esta necesariamente no podrá conducir a una sentencia favorable a sus pretensiones.

En esta parte, resulta pertinente recordar que el artículo 20 de la Constitución Política de Chile plantea tres estadios en lo relativo a la vulneración de derechos. Tales estadios son, en un orden ascendente de entidad, los que siguen: amenaza, perturbación o privación; luego, el desafío del solicitante consiste en acreditar una de las mencionadas especies de vulneración.

Como es fácil advertir, no es necesario que el titular del derecho de que se trate se vea despojado de este, lo que supondría el mayor grado de afección. Tampoco es requisito sine qua non que se genere una alteración en la práctica en el goce o ejercicio del derecho, escenario que nos sitúa ante un supuesto de perturbación. Así, basta la amenaza; en consecuencia, procede acoger la acción de protección ante la ocurrencia de actos u omisiones que, de un modo arbitrario o ilegal, supongan un amago o intimidación al lícito ejercicio de derechos constitucionales.

Según hemos adelantado, lo indicado ha sido previsto en el artículo 2 del Auto Acordado, el que regula los requisitos que componen el examen de admisibilidad de las acciones de protección. En este sentido, dicho texto hace referencia a los fundamentos fácticos que puedan implicar la vulneración de un derecho mencionado (Núñez Ojeda y Machado Martins, 2023, p. 78). Sin perjuicio de lo indicado, nada impide que, de superarse el test de admisibilidad, de manera autónoma, la inexistencia de prueba de vulneración sea el fundamento de la sentencia que rechace una acción de protección. De esta manera, el criterio que nos ocupa puede frustrar en dos momentos los intereses del solicitante, primero, en el análisis de admisibilidad y, en segundo lugar, en la sentencia definitiva.

Es interesante la sentencia pronunciada por la Corte Suprema, en la causa rol 138.440-2020. Durante la tramitación del juicio se acreditó la instalación de un portón en el portal de acceso situado en un terreno que debía ser recorrido para ingresar al bien inmueble del solicitante (se había constituido una servidumbre de tránsito en favor del predio de este). No obstante lo señalado, la acción de protección fue rechazada por dicho tribunal.

El razonamiento que otorgó fundamento a la decisión del sentenciador, y que sirve como criterio general de rechazo de las acciones de protección, fue el siguiente: el hecho de la mera instalación de un portal no es suficiente para afirmar que se ha producido, en el caso concreto de que se trate, automáticamente una vulneración del derecho de propiedad. Debe sumarse al acto referido una consecuencia directamente emanada de este: el entorpecimiento o, peor, la imposibilidad de ingresar o salir del bien inmueble cuyo dominio corresponde al solicitante.

Profundizando en los motivos de lo resuelto por la Corte Suprema, debe analizarse el fin buscado con la instalación del portal, esto es, la seguridad de las personas que habitan en el sector. Esto último, ante los repetidos actos delictivos que habían perpetrado terceros que, con facilidad, ingresaban a los terrenos vinculados con el juicio en comento. Añádase que, como lo indicó expresamente la Corte Suprema en el considerando 5.º de su sentencia:

(…) en ningún caso ha importado la limitación o perturbación a los derechos del recurrente, toda vez que con su instalación no se advierte que el actor se vea impedido de circular libremente a través de ella y desde luego de ingresar o salir del predio del que es titular.

En suma, para entender que se ha configurado una vulneración al derecho de propiedad, no basta con acreditar el hecho material consistente en la instalación de un portal, sino que también es menester probar que el mentado elemento afecta al derecho que se presenta como vulnerado. El mismo criterio se ha empleado respecto de la instalación de portones en la entrada de pasajes, es decir, dentro del área urbana. Lo dicho puede observarse en la sentencia rol 12.479-2022 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la que se rechazó justificadamente una acción de protección, dado que se constató que todos los recurrentes habían sido provistos de controles remotos y de una aplicación en sus teléfonos celulares, lo que les permitía abrir el portón, por lo que no se había producido afección a derecho fundamental alguno.

Finalmente, basta una afectación parcial del derecho de dominio. En este sentido, en sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Temuco, rol 821-2020, se ordenó hacer cesar toda medida que impidiese el acceso al predio de propiedad del recurrente. En el juicio se probó que, de tres vías de acceso, únicamente el ingreso principal había sido obstaculizado, mientras que las rutas de ingreso norte y sur no lo habían sido.

No obstante lo anterior, estimó la Corte de Apelaciones de Temuco que el acto impugnado adolecía de ilegalidad y conculcaba el derecho de propiedad del solicitante, por lo que correspondía aceptar lo pedido.

La exclusión de las cuestiones propias de juicios diversos a los que son materia de la acción de protección

Otro criterio decisivo para la cuestión que estudiamos está dado por la diferenciación entre las materias propias de la acción de protección y las que deben ser discutidas en juicios diversos, lo que debe conducir al rechazo de las primeras.

El criterio que analizamos forma parte de una problemática más amplia: el abuso que se ha producido con relación a la acción de protección, esto es, su ejercicio desmedido por parte de los abogados. Se trata de un supuesto de mala praxis que, entre otras consecuencias, aumenta injustificadamente el nivel de trabajo de los tribunales de justicia.

Lo anterior sucede en los procedimientos en que se litiga sobre cuestiones como incumplimientos de contratos (relativos al arrendamiento o al comodato, entre otras convenciones), la determinación del dueño de un predio determinado y la existencia o violación de un derecho de servidumbre.

¿Por qué se ha generado el fenómeno descrito? La respuesta a dicha interrogante se encuentra en que los abogados se han visto seducidos por la rápida tramitación que caracteriza a las acciones de protección. Varios factores permiten comprobar lo anterior, entre estos: el plazo del informe fijado por el juez (por su medio, el recurrido se defiende de la acción presentada en su contra), la preferencia con que las analizan los tribunales competentes y el breve plazo en que se debe dictar la sentencia definitiva.

A mayor abundamiento, con respecto al plazo del recurrido para evacuar su informe, según el artículo 3 del Auto Acordado, dicho informe debe ser solicitado por la vía que se considere “más rápida y efectiva”, otorgándose un plazo “breve y perentorio” para que sea emitido, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar prórroga del plazo. A propósito de lo segundo, las acciones de protección deben verse con preferencia por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, por lo que el mismo artículo 3 y el 7 establecen que serán agregadas extraordinariamente a la tabla del día siguiente de los tribunales mencionados. Por último, el plazo para dictar sentencia es de cinco días hábiles; con todo, si la afectación reclamada recae en los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, la libertad personal y la seguridad individual, la libertad de conciencia y de culto y la libertad de enseñanza, el aludido plazo es de dos días hábiles, de forma tal que es uno de los términos más breves que contempla el ordenamiento jurídico chileno para que un órgano jurisdiccional pronuncie sentencia.

Por ello, muchos litigantes han intentado que materias sin vinculación alguna con el objeto de las referidas acciones se tramiten conforme a las reglas de la acción de protección. Afirmamos lo anterior porque tales materias no suponen afectación de derechos fundamentales, lo que, a todas luces, atenta contra la tutela urgente de derechos, fin perseguido por la mentada acción (Bordalí Salamanca, 2011, p. 59).

Según ya hemos adelantado, en materias como el incumplimiento de un contrato, la determinación del dueño de un predio determinado y la existencia o violación de un derecho de servidumbre, se intenta eludir la aplicación de los procedimientos pertinentes, como el ordinario y el sumario. Ambos procedimientos, no obstante el nombre del último, se caracterizan en los hechos por requerir, según el caso de que se trate, de varios años para su debida resolución. Lo indicado se justifica al tener presente la complejidad de las materias mencionadas, la que exige, según el lúcido análisis de Larroucau Torres (2023), un juicio en el que los jueces alcancen una plena convicción.

Aplicando lo expresado, la Corte de Apelaciones de Talca, en el considerando 8.º de la sentencia rol 1225-2023, decidió lo que sigue:

Que, atendida la naturaleza del presente recurso, no resulta pertinente que esta Corte se pronuncie sobre el dominio, gravámenes o derechos que existan respecto de los predios en que incide la presente acción constitucional, que pudieran corresponder a terceros o al recurrido, ya que son materias de lato conocimiento que está entregada a la justicia ordinaria y excede los límites de esta acción constitucional, en cuanto es estrictamente cautelar de derechos indubitados. De manera que la determinación de una servidumbre de tránsito debe ser planteada y resuelta, mediante el procedimiento que corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde determinar cuál era la situación de statu-quo de los referidos predios, inmediatamente anterior a los actos que se atribuyen a los recorridos.

Resulta de particular interés la sentencia citada, dado que, como puede apreciar el lector, no obstante lo indicado en este subtítulo, según una interpretación jurisprudencial, la acción de protección podría ser acogida si se acredita que se ha alterado el statu quo (en definitiva, en la sentencia aludida, por dicho motivo, se acogió la acción de protección), aspecto que trataremos a continuación.

La mantención del statu quo

Un criterio empleado por los tribunales para acoger las acciones de protección que analizamos ha sido la necesidad de mantener el statu quo. Es decir, se ha tenido en cuenta que la conducta impugnada produce el efecto de alterar un determinado estado de cosas, que se ha mantenido durante un extenso período. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en sentencia definitiva pronunciada en el juicio rol 183.473-2023, se basó en el criterio que estudiamos.

En esta parte, es menester expresar que, en el derecho chileno, entrando en el fértil campo de los efectos de las resoluciones judiciales, en concreto, de las sentencias definitivas, la acción de protección produce cosa juzgada formal. Por lo tanto, lo resuelto en sede de protección no impide el ejercicio futuro, dentro de los plazos de prescripción, de las acciones ordinarias, como las propias de un juicio declarativo civil relativo a la discusión del dominio de bienes inmuebles, incluidos los caminos que los atraviesan.

Así, aunque una sentencia dictada a propósito de una acción de protección califique como arbitraria o ilegal la instalación de un portón, nada impide que en un juicio declarativo posterior se determine que un determinado camino es de propiedad privada, lo que habilita al dueño, a lo menos, en principio, a colocar portones u otros objetos que impidan el libre tránsito.

Con todo, es tal la importancia atribuida al criterio de la mantención del statu quo que, incluso, ha conducido a los sentenciadores a acoger acciones de protección relativas a la instalación, por parte de los dueños, de portones u otros objetos en caminos de su propiedad. Así lo determinó la Corte Suprema, dejando sin efecto lo decidido por la Corte de Apelaciones de Concepción, en el juicio rol 13.734-2024, en el que estableció que la conducta impugnada vulneraba el derecho de propiedad de las personas que presentaron la acción de protección, dado que, sin aviso previo, se vieron imposibilitadas de transitar por un camino que históricamente han utilizado como vía de acceso principal a sus viviendas.

En suma, en concepto del máximo tribunal chileno, la acción de protección es el medio idóneo para lograr el restablecimiento del statu quo existente en forma previa a la ejecución del acto fundante de la acción de protección. No obstante lo último, no puede un juez soslayar el hecho objetivo consistente en que la persona que coloca un portón u otro elemento puede ser el dueño del camino respectivo; luego, es discutible que una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, según corresponda, ordene medidas como el retiro de tales medios.

Consciente de lo anterior, la Corte Suprema, en el juicio aludido, se limitó a ordenar que las partes de la acción de protección lograran un acuerdo que, en definitiva, permita que se pueda continuar transitando por el camino en que se instaló el portón. En síntesis, de una solución heterocompositiva se llegó a una de carácter autocompositivo restrictivo, puesto que presenta la peculiaridad de tener un contenido fijado, en lo medular, por el aludido tribunal: debe permitirse la continuación de la circulación de todas las partes por el camino. El modo específico en que lo anterior se logre quedó entregado al acuerdo de voluntad de los litigantes. A modo de ilustración, pensamos que podría convenirse que, como contrapartida por el uso de un camino ajeno, deberá contribuirse al financiamiento de los gastos derivados de los trabajos de mantención y reparación del mismo (compra de insumos, pago de mano de obra, etc.).

La prohibición de la autotutela

Es muy interesante constatar que la añosa e indisputada prohibición de la autotutela (salvo supuestos dotados de una particular excepcionalidad) se hace aplicable en los litigios que han acaparado nuestras miradas.

A mayor detalle, clásico es el repudio que despierta la justicia por mano propia, según se ha explicado con mucho detalle por la doctrina de Derecho procesal, repudio que ha sido ratificado por la jurisprudencia de los tribunales de justicia. En efecto, poco defendible sería la postura del que en nuestros días intente obtener una solución favorable a sus intereses en virtud de la fuerza actual o de la amenaza ejercida: ello supondría un régimen jurídico que, contrariamente a su evolución, retorna a la barbarie, dado que implica la imposición, de manera coactiva, de los propios intereses con absoluta falta de consideración de los argumentos de la otra parte (Díaz Moreno, 2013, p. 37).

En la misma línea, el rechazo a las formas de autotutela se basa en la pervivencia de la paz social, es decir, se edifica sobre las exigencias emanadas de uno de los fines del derecho. Admitir a la violencia como una modalidad de resolución de contiendas supondría el riesgo de que el caos domine en nuestras comunidades, lo que conduciría a una seria crisis social y del Estado de derecho.

Siguiendo lo estudiado sobre el particular por Delgado Castro et al., no es admisible que los particulares, acudiendo a la violencia, puedan resolver los conflictos de intereses de relevancia jurídica en los que se encuentran involucrados. La intelección de lo anterior es un avance logrado por la civilización. El proceso, como medio heterocompositivo, debe otorgar una solución a tales conflictos, sin perjuicio de la utilidad que pueden presentar las formas autocompositivas (2017, pp. 267-268).

Aplicando lo anterior al objeto del presente trabajo, la instalación no consensuada, arbitraria e ilegal de alguna especie de obstáculo que afecte el libre acceso a los bienes inmuebles en los que se habita o trabaja, es un acto de autotutela; luego, es necesaria la intervención de los competentes órganos jurisdiccionales, a fin de restablecer debidamente las exigencias del Estado de derecho.

En el sentido indicado en los párrafos precedentes se pronunció la Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia rol 1.359-2025, la que fue confirmada por la Corte Suprema en la sentencia rol 22.192-2025.

A mayor abundamiento, se estableció en el considerando sexto de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción lo que pasamos a indicar:

Que en consecuencia siendo un hecho cierto que se instaló en el lugar de tránsito un portón con candado que impide el libre tránsito por el camino que se utilizaba como vía de paso la instalación de aquel constituye un obstáculo en dicha huella de tránsito y se erige como una actuación que resulta arbitraria e ilegal alterándose el statu quo, vigente aunque dicha actuación se haya verificado dentro de los límites del dominio y bajo la anuencia de varios vecinos ejerciéndose con ello un acto de autotutela proscrito por nuestro ordenamiento jurídico toda vez que la legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente el reconocimiento del derecho que invocan los recurridos sobre el terreno de tránsito e incluso para instar por el pago de las mejoras del camino o por la contribución a la seguridad en razones de buena vecindad y mientras aquéllos no sean ejercidos y resueltos no resulta lícito recurrir a vías de hecho como la descrita para resolver las controversias que pudieren tener con los recurrentes o anticipar sus eventuales resultados.

La afección a derechos diversos del dominio

La acción de protección, en el supuesto de hecho que ha servido como punto de partida del presente artículo, puede permitir reclamar ante los órganos jurisdiccionales competentes la tutela respecto de otros derechos constitucionales diversos del dominio. Tales derechos podrían ser: derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; igualdad ante la ley; derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita.

En dicho evento, surgen más fundamentos que contribuyen a robustecer la decisión del sentenciador de acoger una acción de protección. A continuación, profundizaremos en lo señalado.

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica

El mencionado derecho puede verse seriamente afectado si se impide a los dueños el libre acceso a sus bienes inmuebles. En este orden de ideas, piense el lector en las dificultades que experimenta quien se ve afectado por la instalación de portones u otros elementos en los caminos que lo comunican con los lugares en los que posee propiedades.

Lo expresado fue considerado por la sentencia de la Corte Suprema rol 49.859-2021. En efecto, en el aludido juicio, el sentenciador tuvo presente que una empresa concesionaria de un camino público instaló en este, esto es, en un bien nacional de uso público, un portón. Este portón impidió acceder desde el camino público a otro camino secundario (también público, antiguo y de menor extensión), lo que obstaculizó el libre tránsito de los vehículos de emergencia, como los pertenecientes a Bomberos de Chile, por lo que debieron retornar y llegar al lugar del siniestro por un camino distinto, lo que supuso el desperdicio de valioso tiempo, con el consiguiente peligro para los nombrados derechos.

Igualdad ante la ley

La ya referida sentencia de la Corte Suprema rol 49.859-2021 hizo, asimismo, uso de la igualdad en comento, regulada en el n.º 2 del artículo 19 de la Constitución Política, como uno de los motivos que justificó su decisión de aceptar una acción de protección. Es relevante subrayar que un organismo público, la Dirección de Vialidad, autorizó a una empresa concesionaria a colocar el portón que imposibilitó transitar por un camino secundario, motivada por la evasión del pago del peaje de la ruta concesionada y la falta de las adecuadas medidas de seguridad.

Sin perjuicio de lo último, en concepto del sentenciador, la conducta de la empresa fue tanto arbitraria como ilegal. Para concluir lo afirmado, razonó la Corte Suprema, en el considerando 7.º de su sentencia:

(…) Que, como se observa, de la norma precedentemente transcrita, si bien, se puede considerar que existían razones que justificaban adoptar la medida de cierre del camino público, en particular aquellas que dicen relación con resguardar la seguridad de quienes transitan por éste, se advierte que dicha determinación y su mantención durante el tiempo, fue adoptada sin haber considerado la implementación de otras medidas que resultasen más conciliables con los intereses de la comunidad, tales como realizar las mejoras respectivas al camino referido e instalar una caseta de peaje lateral de acceso, como tampoco consta que se haya propuesto a los afectados una solución técnica razonable para los problemas que actualmente enfrentan, que son la dificultad de acceso de los vehículos (…).

Mención a otros derechos

Habida consideración del entorpecimiento, en virtud de la instalación de obstáculos físicos, tanto del ingreso como del egreso de las correspondientes propiedades, diversos son los derechos fundamentales, distintos de los ya señalados, que podrían eventualmente sufrir una vulneración y, por tanto, hacen procedente la deducción de una acción de protección, de acuerdo con el tenor del artículo 20 de la Constitución Política de Chile.

Entre los mentados derechos, podemos mencionar: a la libertad personal (los afectados podrían encontrarse, prácticamente, recluidos en sus domicilios o experimentar serias dificultades para ingresar a estos); a la protección de la salud, como lo estableció la sentencia de la Corte Suprema rol 49.859-2021 (sin ninguna duda, puede verse afectado el estado de salud, especialmente de aquellas personas que necesitan tratamientos periódicos en virtud de enfermedades de particular gravedad); a la educación (inasistencias o atrasos en las actividades académicas); a la libertad de trabajo y su protección (dificultades para concurrir al lugar de trabajo); y al derecho a realizar cualquier actividad económica (como derivación de los impedimentos en entrar o salir de los terrenos de los que se es dueño, sea que la actividad lucrativa tenga lugar en tales terrenos o fuera de estos).

Teniendo en cuenta lo indicado de manera precedente, es posible que un mismo acto, como la instalación de portones u otros elementos, pueda privar, perturbar o amenazar el libre ejercicio de varios de los derechos garantizados por la Constitución Política. En otros términos, según las características propias del caso de que se trate, podemos estar en presencia de un acto pluriofensivo, cuestión que debe ser debidamente advertida por parte de los tribunales de justicia.

Conclusiones

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones.

Dada la innegable importancia que tienen los derechos fundamentales, resulta indispensable que todo ordenamiento jurídico contemple mecanismos procesales que los protejan y que, además, se caractericen por su efectividad y por la rapidez de su tramitación. A ello apunta, en el caso del derecho chileno, la acción constitucional de protección, regulada, principalmente, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

De una manera más concreta, es necesario que los sistemas jurídicos permitan tutelar a todos los que, debido a la instalación de un obstáculo físico, deban enfrentar complicaciones para acceder a bienes inmuebles de su propiedad. En tal evento, es procedente la deducción de una acción de protección. Según el caso de que se trate, además del derecho de dominio, podría verse afectado otro derecho fundamental, como la salud o el desempeño de cualquier actividad económica lícita, entre otros.

En el supuesto planteado, la praxis demuestra que en no pocas ocasiones la interposición de una acción de protección no se ajusta a derecho. Por ello, es de suma utilidad analizar este tema con el fin de proponer criterios de resolución.

En dicho sentido, en el presente artículo hemos propuesto los siguientes factores, que un juez puede considerar para resolver la contienda sometida a su conocimiento: la inexistencia de un derecho indubitado; la prueba de la vulneración; la exclusión de las materias propias de otros juicios; la relevancia que se ha concedido a la mantención del statu quo; la prohibición de la autotutela; y, por último, la afección a derechos diversos del dominio.

Desde luego, no pretendemos con lo anterior fijar un catálogo de criterios cerrado que permita dar una solución a todos los juicios originados por la aludida instalación de obstáculos físicos. Aspirar a ello sería torpe, vanidoso y utópico. En efecto, la realidad siempre superará a nuestros razonamientos y nos ofrecerá, sin duda, escenarios imprevistos que nos asombren por su riqueza de contenido y dificultad de análisis. Sin perjuicio de ello, entendemos que los criterios que hemos ofrecido permiten, a lo menos, contribuir a la decisión de buena parte de las acciones de protección que deben resolver las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Chile.

En la misma línea, corresponde estar atentos a las nuevas proyecciones que pueda alcanzar el tema objeto de nuestro estudio, para proponer otros criterios aplicables a ellas. En definitiva, no obstante las particularidades que tenga el caso que deba ser resuelto por los tribunales de justicia, deberá otorgarse una solución equilibrada que sea respetuosa tanto del derecho fundamental afectado como de los requisitos de procedencia y el fin de la acción constitucional de protección.

En otras palabras, la tutela del derecho de dominio no justifica eludir la regulación jurídica de esta acción, puesto que ello conduciría a una desnaturalización de la acción de protección.

Reseña del autor

Alexis Mondaca Miranda: Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Profesor asociado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile.

Conflicto de intereses

El autor declara no tener conflictos de intereses.

Fuente de financiamiento

Esta investigación no contó con financiamiento.

Referencias