La privatización de la guerra en Colombia[1]

Privatization of war in Colombia

Natalia López López[2]

Resumen

Este documento estudia el fenómeno de la privatización de la guerra en Colombia. En el conflicto armado colombiano han participado actores privados que no han sido tenidos en cuenta en los ámbitos jurídicos ni políticos. Por eso, el escrito pretende exponer a los lectores este fenómeno que viene ocurriendo desde la década de 1980 en nuestro país. Asimismo, el objetivo es mostrar los daños que la privatización de la guerra genera al Estado colombiano. El desarrollo de este escrito consta de un breve resumen conceptual donde se explican los conceptos del fenómeno de la privatización de la guerra. Luego, se hace un recuento histórico de la privatización de la guerra, para poner en contexto al lector sobre este fenómeno. Con esto, se exponen las bases para poder comprender la situación en el país. Colombia, como se demuestra, es un caso particular en el sentido que los actores del conflicto armado, el Estado y los grupos ilegales, han contratado a los llamados mercenarios para hacer parte de la guerra. Se encontró, de igual manera, que las empresas privadas han hecho uso de esta fórmula, contribuyendo en el menoscabo de la soberanía estatal colombiana. Como consecuencia, se demostrará cómo la guerra ha pasado de ser un tema de la soberanía estatal a un tema del mercado internacional.

Palabras clave: conflicto armado, mercenarios, privatización, soberanía

Abstract

This paper studies the phenomenon of privatization of war in Colombia. In the Colombian armed conflict, private actors have never been taken into account in legal or policy matters. Therefore, this document aims to expose to the readers this phenomenon that has been happening since the 80s in our country. Also, it aims to show the damage that the privatization of war generates to the Colombian State. The document will begin with a brief conceptual overview where concepts of the phenomenon of the privatization of war will be explained. Then it summarizes the historical development of the privatization of war. Then, the document explores the case of Colombia. As shown, Colombia is a special case in the sense that the actors in the armed conflict, the State and illegal groups, have hired mercenaries to be part of the war. Moreover, another result was that private companies have also made use of this formula, contributing to the undermining of the Colombian state sovereignty. As a result, it will be proven that war is no longer a matter of State sovereignty, but an issue of the international market.

Key words: armed conflict, privatization, sovereignty, mercenaries.

Introducción

AirScan es una reconocida Empresa Militar Privada (en adelante EMP) contratada por la petrolera estadounidense Occidental Petroleum (en adelante Oxy) con el objetivo de brindar seguridad a la empresa de las amenazas guerrilleras existentes en Santo Domingo, Arauca. En 1998, AirScan se ve involucrada en el bombardeo de Santo Domingo, donde fueron asesinados 17 civiles. El bombardeo surge a causa de una operación que, se supone, sería realizada únicamente por el Ejército Nacional de Colombia.

Autores como Jason Vauters y Michael Smith (2006), afirman que el helicóptero utilizado para esta misión militar, así como los pilotos que manejaban la máquina, eran parte de AirScan. Estos autores afirman que AirScan prestó sus servicios para esta misión del ejército colombiano debido a que la empresa petrolera Oxy tenía intereses de acabar con la presencia guerrillera en la zona, pues sus plantas de extracción de petróleo habían sido objeto de ataques guerrilleros durante mucho tiempo.

Dada la gravedad del crimen cometido, este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, 2012). Al hacer un análisis de la sentencia proferida por la Corte, no se encuentra bajo ninguna disposición que Oxy o AirScan hayan sido tenidos en cuenta como partes del bombardeo el cual, según la Corte, se dio a causa de la negligencia del Estado colombiano al soltar las bombas sobre el pueblo de Santo Domingo.

Si la teoría de los autores Vauters y Smith es cierta, afirmando que el helicóptero del bombardeo fue piloteado por trabajadores de la EMP AirScan, estaríamos frente a una situación de impunidad y de negligencia.

El caso descrito no es un caso aislado. Esta situación, en la que el gobierno, e incluso otros actores como grupos ilegales o actores del sector privado, contratan a empresas especializadas en servicios militares para beneficiar intereses propios ha ocurrido en el país desde hace varios años. La doctrina conoce este fenómeno como la privatización de la guerra (Münklerr, 2002). Sin embargo, existe un vacío doctrinario y de conocimiento común frente a este tema, a pesar de la importancia que acarrea sobre la soberanía e independencia del Estado colombiano. Así, por medio de este artículo se pretende exponer al lector el estudio realizado de la doctrina actual y de casos específicos relatados por la prensa nacional e internacional, sobre el fenómeno de la privatización de la guerra en Colombia.

Con el fin de aclarar los términos que resultan un tanto técnicos y desconocidos, es prioritario resaltar que el fenómeno de la privatización de la guerra se desarrolla como una consecuencia directa de la contratación de EMP. Así, en el momento en que los diferentes actores de un conflicto, sean directos o indirectos, contratan servicios militares privados para sustituir acciones que se entienden como propias, se da la privatización de la guerra.

Asimismo, las EMP han sido definidas por la comunidad internacional de la siguiente manera:

Empresas que ofrecen servicios especializados relacionados con la guerra y los conflictos, incluidas las operaciones de combate, la planificación estratégica, la recopilación de inteligencia, el apoyo logístico y operativo, el entrenamiento, el suministro y mantenimiento, a cambio de una retribución contractual (Schulz y Yeung, 2008:1).

Cabe resaltar que es a partir de la finalización de la Guerra Fría que la contratación de actores privados en las guerras ha tenido un alto crecimiento, con respecto a la situación que venía aconteciendo desde la creación del Estado moderno (Turcan y Ozpinar, 2009). En Colombia el fenómeno de la privatización de la guerra tuvo gran auge entre los años 80 hasta el año 2006. Es precisamente durante estos años en que el Plan Colombia se lleva a cabo, por lo que se encuentra una relación directa con el aumento de las contrataciones con EMP.

A continuación se presentarán los tres diferentes actores que han jugado un papel crucial en la expansión de este fenómeno en el país, según el estudio realizado. Se mostrará cómo ha sido el modus operandi de la privatización de la guerra para culminar con un espacio de conclusiones que demuestran cómo este fenómeno afecta al Estado.

Las empresas militares privadas y la privatización de la guerra en Colombia

La privatización de la guerra en Colombia ha estado en manos de tres actores: 1) el Estado colombiano; 2) grupos al margen de la ley; y 3) las empresas privadas. Cada actor se estudiará en diferentes secciones, respectivamente.

El Estado colombiano

La contratación de EMP por parte del Estado colombiano comienza con la ratificación del Plan Colombia, la cual se da en 1999, con el objetivo de erradicar el tráfico de narcóticos en Colombia (Cortés, 2008).

La economía del narcotráfico fue, en 1997, un importante componente del producto interno bruto y de las exportaciones de Colombia, tanto que el país fue catalogado como el primer país productor de coca (Palacios, 2007).

Dentro del Plan Colombia estaba previsto que Estados Unidos ofrecería soldados para llevar a cabo el objetivo de erradicar las drogas en Colombia. Sin embargo, en el Congreso de dicho país se dio un debate con respecto a la seguridad de los soldados americanos y las implicaciones de la imagen internacional del Estado, pues no permitirían que sus soldados fueran vistos colaborando con un ejército el cual era catalogado por la comunidad internacional como violador de derechos humanos. Debido a este debate interno, la decisión tomada por el Congreso norteamericano fue suscribir contratos con EMP para que fueran estas, y no sus soldados, quienes ejecutaran los objetivos del Plan Colombia (Perret, 2009). A través de las EMP las funciones que eran requeridas para ejecutar el Plan Colombia se podrían llevar a cabo, pues que una EMP entrenara a las fuerzas militares de Colombia, no afectaría en ninguna medida la imagen de Estados Unidos.

A raíz de esto, en 1999 se empiezan a dar los primeros movimientos de EMP en Colombia. Estas empresas comenzaron su labor de una manera camuflada. Por ejemplo, Defense Systems es una EMP que entró a Colombia ofreciendo servicios de seguridad privada como el de celaduría (Uesseler, 2008).

Con el transcurso del tiempo, el Plan Colombia se fue desarrollando y ampliando a nuevas temáticas, como lo fue el terrorismo causado por las FARC y el ELN (Singer, 2008)[3]. En consecuencia de dichos acontecimientos se dio un crecimiento en la contratación de EMP en el país, debido a que los objetivos que cubría el Plan Colombia habían aumentado y se debía erradicar no solo el tráfico de drogas, sino a los grupos ilegales. Es por esto que para el año 2006 se estima que alrededor de unas 25 EMP se encontraban trabajando para el Estado de Colombia, sin que el pueblo tuviera conocimiento de ello (Perret, 2009).

Estas 25 EMP ejercían los siguientes los servicios, según Antoine Perret (2008):

1.      Virginia Electronic Systems, Inc. Esta empresa se dedicó en el 2002 a instalar y entregar equipos de comunicaciones para aviones de la Armada colombiana.

2.      Oakley Networks. En el 2006 realizaba vigilancia de los grupos contrainsurgentes vía internet y entregaba dicha información a las fuerzas militares de Colombia.

3.      Telfors Aviation. Apoyaba logísticamente para el manejo de aviones de reconocimiento de territorio y de la parte contrainsurgente. Estos aviones manejan un nivel altísimo de tecnología del cual se encargaba dicha empresa.

4.      DynCorp. Esta empresa ha promovido estrategias militares de todo tipo, ha entrenado pilotos con el objetivo de erradicar los cultivos ilícitos, así como para enfrentar a los grupos al margen de la ley. Asimismo, se ha llegado a concluir, como recuenta Peter Singer (2008) por medio de algunas entrevistas realizadas por diarios estadounidenses como el Miami Herald a excombatientes de DynCorp, que muchos de los 600 contratistas de esta empresa han sido parte directa de las hostilidades del conflicto armado en Colombia[4].

Se demuestra así que estas EMP formaron parte del servicio de soporte militar, suplementando de esta manera una función que se entiende como estatal bajo la ciencia política (Singer, 2008).

Según el estudio de la doctrina, las razones por las cuales el Estado colombiano contrata con EMP son principalmente dos: 1. La incapacidad del Estado colombiano de proteger su territorio y población del conflicto armado. 2. Los agentes externos que influyeron en la contratación para salvaguardar sus propios intereses.

Con respecto al primer punto, Rolf Uesseler propone que una consecuencia de la contratación con EMP es la denominada categoría de los Estados débiles, definidos como aquellos que son incapaces de garantizar su propia seguridad interna o de defender su territorio de conflictos armados (Uessler, 2009). El hecho de que Colombia no logre defender efectivamente su territorio y a sus ciudadanos hace que el Estado acuda a entes externos a sus propias fuerzas para lograr un contrapeso en la balanza del conflicto, pues según la Constitución Política de Colombia, es menester de las fuerzas armadas velar por el bienestar y seguridad del territorio y de los ciudadanos.

Frente al segundo punto, al recontar la historia del Plan Colombia, momento fundamental en el cual el Estado colombiano comienza la contratación de las EMP, se puede notar la influencia de los intereses de agentes externos dentro de la contratación. La implementación del Plan Colombia recaía en la lucha antinarcóticos y antiterrorismo. Para estos fines, Estados Unidos agregó cláusulas de ayuda militar a Colombia, la cual se basó en la contratación de EMP debido a que se demostró que el Congreso de este país decide no optar por la cooperación militar interestatal, ya que en Colombia la reputación del ejército era mundialmente mal vista. Para evitar dañar su imagen, envían en su reemplazo a las EMP.

Esto, igualmente, demuestra la incapacidad del Estado colombiano de impedir la intervención en asuntos internos por parte de agentes externos, que terminan imponiendo sus intereses propios sobre los intereses de Colombia.

Grupos al margen de la Ley

Como se mencionó, el Estado colombiano no ha sido el único en contratar los servicios militares externos de las EMP. Grupos como los narcotraficantes y paramilitares, han estado involucrados también en la contratación de mercenarios (Semana, 2012).

Desde 1988, existe evidencia que identifican la presencia de algunas EMP en el Magdalena Medio, más específicamente en Puerto Boyacá (Tarazona, 2008). Se estima que para abril de este año, el famoso mercenario israelí Yair Klein, junto a otras 4 personas más, llega a Colombia a causa de un contrato con grupos paramilitares, el cual gira alrededor de los 800.000 dólares (Anzzellini, 2005). El objeto del contrato versa en dar entrenamiento militar, por medio la EMP de Klein SpreadHead Ltda., a estos grupos centrados en el negocio ilícito de las drogas.

La principal razón por la cual los grupos narcoparamilitares contratan a Klein y a su EMP, fueron las crecientes amenazas de las FARC en contra de los narcoparamilitares y algunos terratenientes, a quienes obligaban a dar una especie de impuesto para asegurar que no habría ataques violentos contra sus pertenencias o contra ellos mismos (Alonso, 2009).

Con la ayuda de Klein, los narcoparamilitares lograron tener una mejoría sustancial en sus estrategias militares, que al principio más que bajas, eran nulas. Asimismo, las armas que empezaron a utilizar, gracias al suministro de SpreadHead LTDA., aumentó el nivel de las hostilidades entre los grupos al margen de la ley, dado que con 3.117 fusiles de asalto AK-47 y 2,5 millones de cartuchos, lograron responder con equivalencia a los ataques de origen guerrillero (Anzzellini, 2005).

Yair Klein y su empresa fueron igualmente contratados por Pablo Escobar. En 1989 alrededor de cincuenta hombres de Pablo Escobar fueron entrenados en Puerto Boyacá por Klein, durante dos meses (Tarazona, 2008). Para este tipo de grupos ilegales el sector privado era la única vía por medio de la cual se lograrían los objetivos requeridos para el conflicto armado en Colombia.

Este resultado del estudio demuestra que efectivamente las EMP están al servicio de todos los actores que dispongan los medios para pagar sus servicios. Los límites de clientes no están regulados, por tanto grupos como paramilitares o narcotraficantes, al igual que un Estado, podrán recurrir a estos servicios.

Se puede establecer que la razón principal por la cual los paramilitares y los narcotraficantes contratan a EMP es porque se encuentran dentro de un conflicto armado frente cual no están listos para luchar militarmente, ni pueden solicitar la protección del Estado, por lo que necesitan ayuda de entrenamiento y un soporte en el suministro de armas. Así, estos grupos acuden a las EMP dada la necesidad de enfrentar de manera equivalente a los contrincantes del conflicto. Teniendo en mente que los paramilitares y los narcotraficantes eran principalmente de origen campesino o terrateniente, les hacía falta una estructura militar por medio de la cual lograran los objetivos ilícitos de sus negocios, como es el tráfico de drogas. A través de la EMP de Yair Klein, estos actores logran mejorar sus actividades militares, logrando así una posición segura en el conflicto armado interno.

Empresas privadas

El último grupo que ha contratado EMP en Colombia son las empresas privadas. Las empresas vinculadas directamente con este fenómeno son aquellas que han invertido en la extracción de recursos naturales, como el petróleo o la minería.

Con respecto a la relación del conflicto armado con estas empresas privadas, se estima que hasta el año 2006 en Colombia las industrias petroleras habían sido víctimas de ataques guerrilleros, que generaron la pérdida de 2.9 billones de barriles de petróleo (Vauters y Smith, 2006). Las empresas petroleras consideraban que Colombia no tenía la capacidad militar suficiente para proteger las instalaciones de los ataques guerrilleros. Asimismo, consideraban que la guerrilla tenía tanta fuerza política y social en las zonas donde se encontraban sus industrias, como por ejemplo Caño Limón o Santo Domingo, que aun teniendo refuerzos del Estado colombiano, no era suficiente para hacer frente a los ataques de estos grupos.

Así, a pesar de que el ejército de Colombia brindó seguridad a las empresas petroleras, existió, un vacío en términos de proporcionalidad de los ataques con respecto a la protección brindada por el ejército (Uesseler, 2009). Dada esta situación de inseguridad y de vacíos de control estatal, las empresas petroleras como BP y Oxy contrataron EMP para que complementaran los servicios prestados por el ejército de Colombia y así lograran salvaguardar efectivamente sus intereses económicos.

Como ejemplo está el caso de Oxy. Esta empresa, junto con Ecopetrol, sustrae el petróleo de Arauca, zona que se ha caracterizado por ser el centro de varios ataques guerrilleros. La multinacional estadounidense contrató los servicios de AirScan, EMP que se encargó de la seguridad de la industria extranjera en Arauca. Además aportó aviones de reconocimiento, los cuales permitieron la identificación de ataques o tropas guerrilleras cerca de las instalaciones de Oxy. Asimismo, como se demostró previamente, tuvo participación directa en las hostilidades en 1998 en la famosa Masacre de Santo Domingo.

Con respecto a este último actor, se encontraron dos razones fundamentales por las cuales contrataron EMP, incluso estos siendo un agente externo del conflicto armado en Colombia: 1. La necesidad de complementar la seguridad que el Estado colombiano propiciaba a las empresas extranjeras dentro del conflicto armado; 2. La presión de los países de origen de cada empresa que influye en que contraten con este tipo de EMP.

Con respecto a la primera, en el caso estudiado de las petroleras como Oxy, se demuestra que contratan EMP dada la falta de seguridad que proporciona el Estado colombiano en zonas como Arauca, donde estas tienen sus plantas de extracción de petróleo. No es para estas una excusa que en el país se esté llevando a cabo un conflicto armado, pues les urge más las ganancias que las mismas pérdidas dadas por el conflicto (Uesseler, 2009). Sin embargo, no se exponen a una pérdida total, razón por la cual deciden contratar a EMP que presten este servicio de seguridad extra y complementaria. Su interés principal está en conservar las plantas de producción seguras, que no afecte su capital ni sus necesidades económicas.

Referente al segundo punto, el gobierno de los países de donde estas empresas son originarias, como Estados Unidos y Gran Bretaña, ejercen presión con respecto a esta contratación. Los Estados de origen de las EMP, por un lado, quieren generar ganancias económicas y por ende presionan para que las empresas mantengan operaciones en países donde incluso haya conflicto armado (Singer, 2008). Por otro lado, no están dispuestos a prestar apoyo militar a las empresas privadas, por lo cual el único recurso que queda es la contratación de EMP.

Implicaciones en el Estado colombiano

Este fenómeno ha causado, sin duda alguna, implicaciones en el Estado colombiano. En primera medida ha afectado la soberanía y el monopolio de la fuerza estatal. Tradicionalmente, los Estados son los entes que gobiernan las relaciones y la política internacional (Ross, 1988). Sin embargo, el desarrollo de las EMP dentro de un contexto internacional pone un desafío a la concepción de monopolio de la fuerza estatal y a la misma soberanía. Para Max Weber, una de las principales características y funciones del Estado moderno es precisamente controlar el monopolio legítimo de la fuerza. Asimismo, que el Estado tenga el monopolio de la fuerza dentro de su territorio conlleva a la reiteración de la soberanía dado el control que tiene sobre la seguridad territorial propia (Weber, 1964).

Conclusiones

Como consecuencia se puede concluir que hoy en día la concepción de soberanía y el control del monopolio de la fuerza, no puede ir directamente relacionado con un Estado. Charles Tilly establecía que el Estado es la máquina de guerra más grande que ha existido en la historia, dado que a través de las guerras se desarrolla la noción del Estado-Nación, así la preparación de un Estado para la guerra es la razón principal de la creación de las instituciones estatales, que se desarrollan con el fin de consolidar el control del monopolio legítimo de la fuerza (Tilly, 1991).

La segunda implicación que se encontró, concierne a que la guerra y los medios militares se convierten en un medio asequible para todos los actores, estatales y no estatales, y por ende debilitan al Estado como ente soberano.

Con respecto a esto, se puede observar que la guerra entra a ser parte de un mercado internacional. Las EMP ofrecen los servicios a toda clase de actores, pudiendo ser estos Estados, grupos al margen de la ley o empresas privadas, tal y como se vio en el caso colombiano.

La consecuencia de que los medios de guerra sean un bien asequible a todos estos actores es que las partes de un conflicto armado se radicalizan, en el entendido de que tienen un entrenamiento completo y profesional por parte de estas empresas.

Referencias bibliográficas

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Pie de página

[1] Monografía de pregrado, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Los Andes.

[2] Abogada y Politóloga de la Universidad de Los Andes. Actualmente: Asesora en el Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho. Correo: natalialopezlop@gmail.com. Bogotá, Colombia.

[3] Para Estados Unidos, la modalidad de lucha contra el terrorismo cobra gran importancia después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, por lo que su política está concentrada primordialmente en este objetivo, más que la lucha antinarcóticos.

[4] Singer retoma el testimonio de un excombatiente de Estados Unidos involucrado con DynCorp, quien cuenta que en febrero del 2001 guerrilleros de las FARC le dan de baja a un helicóptero del Gobierno nacional colombiano e inmediatamente el personal de DynCorp entra al rescate y a la búsqueda sobrevivientes del ataque, mientras que un helicóptero de esta misma empresa defiende al personal de tierra de ataques guerrilleros por medio de disparos aéreos.