La lucha por la opinión pública en México: sociedad civil vs. Partido Verde Ecologista de México´

The The struggle by public opinion in Mexico. The civil society vs. Ecologist Green Party of Mexico.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes[1]

Resumen

Los conflictos entre las élites y la sociedad civil han estado presentes en la historia contemporánea de México. Sin embargo, la liberalización y la alternancia sumada a los avances de la tecnología y la utilización de los medios de comunicación, transformaron la formación de la opinión pública del país. En ese contexto, un grupo de ciudadanos por primera vez pidió la cancelación de un partido político nacional, lo que generó un fuerte debate en medios de comunicación y redes sociales. Ambos bandos alegaban defender el estado democrático.

Palabras clave: democracia, sociedad civil, opinión pública, medios de comunicación, redes sociales.


Abstract.

Conflicts among elites and the civil society have been present in Mexican contemporary history. However, liberation of alternation added to technology progress, and the use of media, have transformed public opinion formation of such country. Within such context, a group of citizens for the first time, requested cancelation of a national political party, which raised strong debate between communication media and social networks. Both groups claimed to defend the democratic state.

Keywords: Democracy, civil society, public opinion, media, social networks.


Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad estudiar un debate clásico: la lucha entre la sociedad civil y las élites políticas, específicamente el conflicto sucedido durante el año 2015 entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el movimiento "Quiten el Registro al Verde" representado por académicos y miembros de diversas organizaciones civiles. La batalla entre ambos actores se llevó a cabo en dos frentes: el legal donde al parecer el Partido salió "victorioso" y el de la opinión pública donde el partido, a pesar de no haber bajado en su nivel de votación, si recibió un fuerte golpe a su credibilidad, dado que en cualquier parte del mundo los partidos políticos viven de su imagen y de la opinión que merezcan de la ciudadanía.

El problema se torna interesante porque por primera (y quizá la única) vez en la historia moderna de México, representantes de la sociedad civil exigieron que el registro de un partido político fuera cancelado en razón de las violaciones graves, sistemáticas y reiteradas a la constitución y la normatividad electoral. Los antecedentes inmediatos han sido hasta ahora resoluciones judiciales sobre todo en Europa, que han ilegalizado partidos políticos que apoyaban a grupos terroristas o  que son considerados antidemocráticos y/o fundamentalistas, en una idea de democracia militante (Martín, 2010).

Otro punto a resaltar es que resurgió el viejo debate en ciencia política entre la democracia "desde arriba" contra la democracia "desde abajo", pues ambos actores aducen que contribuyen al sistema democrático, aunque unos desde la vía representativa y otros desde la participativa. El estudio de esta problemática es relevante debido a su actualidad y porque lleva a repensar los conflictos que nos trae el sistema de partidos en el contexto de crisis de representación que vivimos en la política (Vega, 1998).

En los sistemas democráticos modernos, no es raro que la sociedad civil y la clase política se enfrenten constantemente en busca de la aceptación de la opinión pública. De hecho, la democracia puede considerarse como un constante conflicto lleno de actores que se enfrentan entre sí (Laclau y Mouffe, 1987) más allá  del ámbito electoral, tratando de verter sus ideas en el espacio público con la finalidad de legitimar o deslegitimar sus acciones o las de sus contrincantes.

En ese sentido, el objetivo del trabajo será analizar las acciones realizadas por los actores (PVEM y Movimiento Quiten el Registro al Verde) para el estudio de su impacto en la legitimidad ante la opinión pública. Para lo cual, se estudiará contexto político mexicano para el análisis del conflicto; se revisarán las acciones realizadas por ambos bandos para la compresión de sus posturas y de igual forma analizarán de su impacto en la opinión pública.

Se trabajará principalmente con tres variables: los actores: el Partido Verde Ecologista, y El movimiento "Quiten el Registro al Verde"; las acciones jurídicas y colectivas; y la opinión pública. Cada una de ellas se analizará la forma en la que influyeron en el espacio público durante todo el proceso de conflicto, el cual, se suscitó en los tribunales, en los medios de comunicación tradicionales y sobre todo en las redes sociales.

En cuanto al concepto de opinión pública se utilizará la definición de Habermas quien sostiene que "es un espacio público que las personas privadas pueden utilizar como medio de crítica permanente, y que cambia las condiciones de legitimación del poder político" (Habermas 1992, p. 435). Desde nuestra perspectiva, la opinión pública es el espacio en el que convergen distintos pensamientos las cuales se pueden enfrentar entre sí por la hegemonía comunicativa y la discusión de ideas tal y como lo planteaba Gramsci (1984).

Por lo que respecta a la metodología aplicada a este trabajo, se hace un análisis estructurado de varios textos recopilados que se han producido sobre el tema. La parte teórica está principalmente sustentada en revistas especializadas, libros, y artículos; mientras que la revisión del conflicto entre los actores se realizó principalmente en notas de medios de comunicación, comunicados del partido político y del movimiento, así como algunos blogs personales de sus integrantes y algunos otros sitios de internet 

Se propone un estudio de caso partiendo del método deductivo desentrañando el conflicto en bases teóricas generales aplicadas al caso específico. Por lo que en un primer momento se hará una revisión de las variables en los conceptos y definiciones generales realizadas por los especialistas en el tema para después compararlas con lo sucedido en México.

El trabajo está divido en tres partes. En la primera de ellas  se hace un recuento histórico de los conflictos políticos y sociales desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, con la finalidad de establecer el contexto mexicano desde la época del autoritarismo hasta la alternancia.

En segundo lugar, se aborda el estudio de los actores del conflicto analizado. Por un lado se verá la historia y desarrollo del Partido Verde Ecologista de México y por el otro el surgimiento del movimiento Quiten el Registro al Verde, en aras del proceso electoral de 2015.

Finalmente se analizará el surgimiento y desarrollo del conflicto, así como el papel desempeñado por ambos actores dentro del mismo. Se establecerán los efectos legales, sociales y políticos del enfrentamiento, así como su impacto dentro de la opinión pública. Todo lo anterior con base principalmente a los discursos manejados y su participación en medios de comunicación tradicionales y principalmente en redes sociales.

La opinión pública en México: del autoritarismo a la alternancia

El México de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI está marcado por una constante lucha entre las élites políticas y la sociedad civil. Tras la revolución mexicana el sistema político del país cayó en un caos con levantamientos armados, desconocimientos de gobiernos y asesinatos políticos.

A finales de los años veinte, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario el cual posteriormente se transformó en el Partido Revolucionario Institucional que gobernaría el país de manera hegemónica desde 1929 hasta 1989, el año en que perdió por primera vez una gubernatura. El régimen de partido único fue catalogado como autoritario debido diversas características como la coacción y la represión de la oposición (Huntington, 1994; Middlebrook, 1994).

Durante las primeras décadas del gobierno autoritario, la sociedad civil fue absorbida por el Estado ya que este aglutinaba a las grandes organizaciones sociales que habían surgido de la revolución. En ese sentido, Olvera (1998) sostiene que esta situación propició el control de las asociaciones de abogados, médicos, ingenieros, profesores entre otros, pues la mayoría aspiraba a trabajar en el ámbito burocrático. El desarrollo económico y la modernización del Estado, en los años cuarenta y cincuenta abrió a estos gremios de profesionales y técnicos, espacios administrativos, cuotas de poder y mecanismos de ascenso social.

Por lo que respecta a las clases campesinas y obreras, éstas fueron corporativizadas por los grandes sindicatos mexicanos desde la década los años treinta, con la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Estos grupos, sirvieron como medio de defensa de sus intereses gremiales pero también como mecanismo de participación política partidaria, sobre todo para los líderes.

Hasta finales de los años cincuenta las únicas organizaciones realmente independientes del PRI-Estado, eran algunas pocas cercanas a la izquierda y otros organismos creados o promovidos por la Iglesia Católica, la cual en aquel tiempo era considerada como enemiga del régimen revolucionario (Gómez, 2007).

En ese contexto, los movimientos sociales fueron duramente reprimidos y anulados por el poder político. La élite gubernamental no permitía que las demandas sociales fueran escuchadas y controlaba los medios de comunicación de tal forma que impedía que se formara una opinión pública crítica en el país.

Sin embargo, el problema para el régimen era la capital donde la sociedad civil comenzaba a articularse. Diversos movimientos como el de los ferrocarrileros, el de los médicos y el de los estudiantes comenzaron a manifestarse en público. Ante estos hechos no es casualidad que el movimiento estudiantil de 1968 sea considerado por algunos autores como el principio de un largo fin para el régimen autoritario priista (Meyer, 1991; Aguayo, 2010).

Durante la misma época, los partidos políticos de oposición (al menos los de oposición real) tampoco mantuvieron una buena relación con el partido gobernante. Algunos de ellos fueron perseguidos como es el caso del Partido Comunista, otros fueron cooptados y participaban en las elecciones como partidos satélite apoyando a los candidatos del PRI, obteniendo algunos escaños en las cámaras que nunca representaban una oposición seria, debido a la mayoría aplastante del oficialismo (Woldenberg, 2012).

En los años ochenta, el sistema político autoritario comenzó a colapsar. Cada vez la sociedad tenía menos credibilidad en el partido gobernante y las crisis económicas agravaron el problema. Las elecciones fueron cada vez más cuestionadas, observadas y fiscalizadas por la ciudadanía a pesar de las restricciones gubernamentales imperantes.

Pese a estos cambios, la situación en el país era muy disímil. En el norte, las asociaciones empresariales comenzaron a formar alianzas políticas con la derecha, representada por el Partido Acción Nacional (PAN), las cuales contribuyeron a que el tema de la democracia se presentara en la agenda pública. Por otro lado, en el centro del país, el temblor del 19 de septiembre de 1985 ocasionó grandes estragos en la Ciudad de México, la tardanza e ineficiencia de las autoridades ante este hecho propició que la ciudadanía se movilizara y solidarizara ante la tragedia. Según  Aguayo (2010) el terremoto tuvo una influencia positiva pues logró que la sociedad civil hiciera su aparición en la vida pública.

Tres años después, las elecciones de 1988 agregaron volatilidad a la conflictuada política mexicana, pues por primera vez en la historia del país había una elección verdaderamente competida (Krauze, 1997; Woldenberg, 2012). Ahora el PRI-gobierno se enfrentaba a una oposición fuerte no sólo por parte de otros partidos políticos sino también por parte de la sociedad civil organizada. La derecha estaba representada por el empresario sinaloense Manuel Cloutier que enarbolaba la bandera del PAN y la izquierda, por un priista disidente, Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional (FDN).

Tras la elección, los resultados oficiales dieron el triunfo al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari después de una dudosa "caída del sistema". En los días sucesivos a la elección presidencial hubo una fuerte tensión y movilización política, sobre todo en la capital del país donde se reunieron grandes contingentes de personas para salir a protestar en contra del fraude que se había orquestado durante esa elección (Anaya, 2008).

No obstante el conflicto, el fin de los años ochenta y el principio de la década de los noventa trajeron consigo una sociedad civil emergente independiente, autosuficiente y descorporativizada (Rabotnikof, 2002). Los medios de comunicación continuaron en general siendo cooptados por el poder, pero cada vez comenzaban a surgir más líneas críticas (Alduncín, 2009).  En ese sentido, la opinión pública empezó poco a poco a ser más favorable a la oposición y a alejarse de las directrices impuestas por el gobierno y el partido mayoritario.

En el año 2000 el PRI perdió la presidencia de la república frente al PAN comenzando con el período de la alternancia. El surgimiento de nuevos partidos políticos y la competencia real entre estos, transformaron al país de un sistema autoritario de partido único a una partidocracia (Villafuerte, 2011). Sin embargo, la partidocracia se apoderó del debate político electoral en el cual la sociedad civil se ha percibido como ausente (Cárdenas, 2009), a diferencia de la participación activa que había tenido en los años noventa.

De la misma forma, a partir del año 2003 los partidos políticos comenzaron a buscar alianzas para los procesos electorales.  En estas se puede identificar a los partidos de centro derecha: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (PANAL). La izquierda ha hecho lo propio, coalicionando principalmente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el  Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) antes Convergencia. El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) también de izquierda ha rechazado las alianzas con los demás partidos y el PAN normalmente acude solo a las elecciones federales, aunque ganó la elección de 2000 con el PVEM.

Tras la alternancia, casi todas las elecciones federales han polarizado a la opinión pública mexicana, sin embargo, son las presidenciales las que mayor furor han provocado entre la ciudadanía. En el año 2006, el debate giró en torno al "fraude electoral", la izquierda, que había perdido por tan solo el 0.45% de la votación exigía un recuento del total de los votos, a lo cual, la autoridad electoral se negó; además alegaban una indebida intervención del Presidente de la República el panista Vicente Fox a favor del candidato de su partido así como de los sectores empresariales del país, lo cual estaba prohibido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección a favor del PAN, lo que ocasionó un largo conflicto poselectoral.

En el año de 2012 se suscitó un nuevo conflicto entre el movimiento surgido en la Universidad Iberoamericana llamado "Yo soy 132" y los partidos que postularon a Enrique Peña Nieto, (PRI y PVEM).  Enrique Peña Nieto, fue el primer candidato a la presidencia contra el que hubo movilizaciones. Hubo alrededor de tres marchas nacionales en su contra y manifestaciones locales en prácticamente todas las capitales del país y algunas ciudades extranjeras (Sin embargo, 2012). La aglomeración más grande se dio en la ciudad de México donde las cifras más conservadoras dicen que hubo casi 100 mil asistentes (El Economista, 2012).

Los contingentes estuvieron compuestos principalmente de estudiantes, académicos, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición; el movimiento "Yo soy 132" fue el más visible de todos y se organizaron prácticamente por redes sociales. Pese a las protestas en el terreno electoral el candidato del PRI ganó las elecciones con el 38% de la votación, debido a la oposición dividida. 

En 2015 el conflicto se dio en medios de comunicación y redes sociales, y los actores fueron el Partido Verde Ecologista de México y un movimiento surgido del ciberactivismo conocido como "Quiten el registro al Verde". Los campos de batalla fueron principalmente dos: el jurídico y frente a la opinión pública.

El conflicto entre la sociedad civil y el Partido Verde: los actores

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

En los términos clásicos de Duverger "un partido es una comunidad con una estructura particular" (2012, p.11). También lo podemos definir como "un grupo político que se presenta a competir en las elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus miembros en cargos públicos" (Sartori, 1980, p.82).

Los partidos políticos también pueden ser conceptualizados como

organizaciones de ciudadanos reunidos en torno de una ideología común y que tienen la voluntad de acceder al ejercicio del poder político en un Estado o, al menos, influir en él, encontrándose diseminados territorialmente y estructurados de forma permanente y estable (Orozco y Vargas, 2008). 

Algunos sostienen que los partidos políticos son los constructores de la democracia, pues la democracia moderna es un sistema de partidos (Larrosa y Guerra, 2005).

En México los partidos políticos están regidos por el artículo 41 de la máxima norma del país. La categoría que les da la constitución es de "entes de interés público" con derechos y prerrogativas establecidas y garantizadas en la ley fundamental. Los recursos públicos son la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos en el país.

En ese contexto, el PVEM es uno de los partidos más jóvenes en la historia del país, fundado en 1986 obtuvo su registro hasta 1991 y sólo ha sido ininterrumpido desde 1996. Los estatutos del partido lo definen como "un partido político nacional, cuya finalidad es la construcción de una nación democrática, libre, igualitaria y transparente. El principal objetivo es la participación política de la sociedad en el cambio de actitudes en vías de un mejor orden político y social que incluya una sana relación con el medio ambiente" (PVEM, 2010). El lema de este partido es "amor, justicia y libertad".

El PVEM mantiene una ideología política llamada ecologismo, según Llauger "El ecologismo es el movimiento social que da la voz de alarma sobre los problemas ambientales de nuestro planeta, que actúa para buscar soluciones y trata de frenar el avance de la degradación del medio" (1998, p.2). Otros son más críticos y sostienen que el ecologismo tiene un carácter oportunista y de poco rigor científico, frente a la problemática ambiental, sus postulados son poco efectivos y limitados a la hora de proteger el medio ambiente (Toro, 2005).

Según el sitio web del PVEM, su ideología busca:

equilibrio ecológico y equilibrio entre los legítimos intereses del individuo y los legítimos intereses colectivos. Cuando existe conflicto entre intereses justos, el BIEN de la colectividad debe prevalecer. La manera de pensar y actuar, así como el discurso del PVEM se fundamenta en el AMOR basado en principios que hace posible la sana convivencia entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza, en la JUSTICIA entendida como la práctica de una actitud respetuosa ante la vida y en la LIBERTAD para cumplir con el destino propio, enmarcada sólo por el BIEN COMÚN (sic) (PVEM, 2016a).

A pesar de los postulados liberales, progresistas y de izquierda que mantiene el movimiento verde global; el PVEM ha tenido una ideología más bien conservadora incluso algunos la han calificado de fascista (Trejo, 2009). Cuando fue creado en 1986, su primer dirigente Jorge González Torres sostenía que el PRI era un "depredador de México", "destazador de bosques, ríos, montañas y fauna" y "contaminador del aire" (Becerra, 2015), a partir de 2003, ambos partidos han sido inseparables en el ámbito electoral.

De la misma forma, el PVEM ha sido cuestionado por sus postulados en favor de la pena de muerte y las penas irracionales para algunos delitos como son el secuestro y la violación; de hecho, sus campañas mediáticas han girado en torno a esos temas. Como consecuencia, en 2009 el partido fue interpelado fuertemente por los partidos verdes europeo, quienes lo conminaron a dejar su discurso en favor de la pena de muerte (Proceso, 2009). El instituto político no sólo se negó a dejar el discurso, sino que acusó a los verdes europeos de antidemocráticos y colonialistas por lo que el Partido Verde Europeo rompió formalmente relaciones con el partido mexicano en 2010 (European Green Party, 2010).

En la misma tesitura, en marzo de 2009 el Partido Verde de Estados Unidos votó una resolución en favor de exhortar al PVEM para que se pronunciara en contra de la pena de muerte y que cumpliera con la "Carta Global de los Verdes" firmada por el instituto político en 2001 donde se comprometen a luchar por la abolición global de la misma (Green Party US, 2009). Nuevamente el PVEM desatendió la petición, lo que le valió ser expulsado de los Global Greens (Martínez, Alvarado y Reynoso, 2011). Según una investigación de Paola Ramos (2015) el PVEM en coalición con el PRI habían impulsado tanto a cazadores como empresarios taurinos. Además, en 2015, el partido fue multado por 4.1 millones de pesos (205 mil dólares) por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF) por haber entregado propaganda electoral no biodegradable ni reciclable como lo exigía la ley (Ramos, 2015).

El PVEM también apoyó la reforma energética de Enrique Peña Nieto "abriendo la puerta a la depredación ambiental del país mediante la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking)" (Ruiz, 2015). Además ha sido indiferente a las demandas ciudadanas que exigen un cambio en modelo extractivo minerales necesarios para garantizar el derecho humano a un ambiente sano (Ruiz, 2015), entre muchas otras actividades.

Si bien, el conflicto sobre la cancelación o pérdida del registro de este partido no necesariamente tiene que ver con la congruencia de sus postulados, lo cierto es que al parecer existe una mala imagen del instituto político frente a la opinión pública, al menos entre la más educada, lo que se puede relacionar con el perfil de las personas que pidieron la pérdida o cancelación del registro y que conformaron el movimiento Quiten el Registro al Verde, el segundo actor del conflicto.

El Movimiento: Quiten el Registro al Verde

El movimiento Quiten el Registro al Verde surgió de la inconformidad de ciertos grupos de la sociedad en contra del PVEM y sus constantes violaciones a la constitución y a las leyes electorales mexicanas. Se trata de una comunidad de activistas, académicos, y periodistas que pidieron el apoyo de la sociedad fundamentalmente a través de redes sociales y de la plataforma Change.com, para que se les apoyara en su exigencia de quitar el registro al instituto político.

Según el perfil que crearon en Facebook, se definen como "un grupo de personas convencidas de que las acciones ciudadanas deben y pueden combatir la impunidad" (Quiten el registro al Verde, 2015). Al hablar de combate a la impunidad se refieren obviamente a las constantes violaciones de la ley cometidas por el citado partido.

El movimiento estaba conformado académicos y activistas con una larga trayectoria en la lucha social entre los principales estaban: Alfredo Figueroa, ex consejero electoral; Carlos Brito, activista; Denise Dresser, maestra del ITAM; Eduardo Huchim electoralista y académico de la UNAM, María Santos, estudiante de la Escuela Libre de Derecho e iniciadora de la petición; Martha Tagle, feminista; Miriam Morales, activista; Mónica Tapia, miembro de la sociedad civil; Mony de Swaan académico; Paulina Arriaga, activista; y Sergio Aguayo profesor del Colegio de México. También fueron respaldados por 166,003 firmantes que exigían la pérdida del registro del partido.

Por los perfiles de los dirigentes se puede afirmar que se trata de un movimiento organizado por la sociedad civil, entendida como una esfera de la vida social voluntaria (Diamond, 1994. P.2) constituida por asociaciones, grupos auto organizados y movimientos (Linz y Stepan, 1996, p.7), que realizan acciones colectivas en defensa y promoción de sus derechos e intereses (Schmitter, 1997, p.240), y buscan influir en el espacio público (Fascioli, 2009, p. 6).

Desde esta perspectiva, se puede considerar al movimiento Quiten el Registro al Verde como un movimiento social sui generis, cimentado en la sociedad civil. Sin embargo, se aparta de los cánones tradicionales de lo que se considera un movimiento social pues para la mayoría de los autores este se define por la idea de cambio y trascendencia que tienen sus ideas.

En ese sentido Castells (2013) sostiene que un movimiento social produce nuevos valores y transforma las instituciones de la sociedad, creando nuevas normas para organizar la vida social. En la misma tesitura, Somuano (2011) afirma que un movimiento social es un cúmulo de organizaciones de diversa índole que colaboran para lograr un objetivo, que genera un sentido e identidad colectiva junto con todos los individuos que también se identifican con el propósito común.

Para Touraine (2007) los movimientos sociales incluyen un programa político, en el que se reconocen valores o intereses de la sociedad y no reducen la vida política a un enfrentamiento en campos o clases. En el mismo sentido, Bizberg (2010) sostiene que estos éstos no buscan un quiebre institucional, sino que en su lugar extienden las capacidades de los sistemas políticos para escuchar y atender las demandas sociales.

Si bien el movimiento Quiten el Registro al Verde cumple con las características de ser un grupo de personas con un objetivo específico, el impacto y la trascendencia de su finalidad, aunque a primera vista tiene que ver con la lucha contra la impunidad de la clase política, la demanda fue muy específica y al no ser escuchados por los organismos que resolvieron el conflicto, el movimiento pareció disolverse, por lo que no podría llamarse propiamente un movimiento social. Sin embargo, sí generó una discusión álgida en la opinión pública durante los meses en que se llevó a cabo.

Uno de los temas interesantes de este movimiento fue la plataforma que utilizó para hacer llegar sus demandas a la opinión pública. Unas de ellas fueron la petición y demanda para la cancelación del registro del PVEM interpuestas ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; pero la segunda y más efectiva fue el ciberactivismo.

Ciberactivismo es definido como toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del ‘boca a boca’ multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal" (Ugarte, 2007, p.85).

Recordemos que la iniciativa nació en la plataforma de Change.com y después fue adhiriendo personas a través de medios como Twitter y Facebook principalmente.

Según Ugarte (2007) en el ciberactivismo hay tres dimensiones que deben cubrirse: el discurso, las herramientas y la visibilidad. El discurso parte de la idea del empoderamiento social (empowering people) a través de relatos que se inician en los grupos de individuos con causas. Las herramientas tienen que ver con la idea de otorgar la potencia del individuo para generar consensos y transmitir ideas en una red distribuida. Finalmente, la visibilidad que tiene que ver con el rompimiento de la pasividad y necesariamente debe pasar de la visibilidad online a la offline cuando el nivel de rebeldía y el número de inconformes crece.

Al analizar el desarrollo del movimiento "Quiten el Registro al Verde" se puede afirmar que pasó por las tres dimensiones del ciberactivismo. En primer lugar, la petición fue iniciada por una estudiante en el norte del país con una demanda clara en contra de la impunidad de un partido político; a esta petición se fueron uniendo otros hasta llegar a un total de 166.003 personas. Las principales vías para invitar a la gente a participar fueron blogs y redes sociales como Twitter y Facebook. Al obtener fuerza, el movimiento dejó las acciones online para pasar a una ofensiva offline por medio de demandas judiciales y la intervención de medios de comunicación.

Aunque el movimiento y las acciones tuvieron corta duración (aproximadamente cinco meses), el impacto en la opinión pública fue intenso, pues por un lado obligó a los órganos electorales a decidir por primera vez sobre la cancelación del registro de un partido político por violaciones graves y sistemáticas a la constitución. Si bien, el PVEM ganó la discusión jurídica, tuvo que cambiar sus estrategias publicitarias, hasta la actualidad.

El conflicto

Durante los años 2014 y 2015 el PVEM lanzó una fuerte pero ilegal campaña en medios de comunicación mexicanos para promocionarse con motivo de las elecciones federales de junio de 2015. El PVEM realizó alrededor de 35 mil spots que fueron transmitidos en todo el país a través de radio, televisión y cine.

Según datos de Parametría (2015) esta campaña logró posicionarlos en los niveles de recordación, percepción y persuasión del partido. El slogan del PVEM "El Verde sí cumple" era identificado por 9 de cada 10 mexicanos según el estudio de la encuestadora (Parametría, 2015).

En ese momento la televisión era el medio de comunicación más efectivo para transmitir mensajes políticos con un (34%) de influencia sobre elector, seguido de la radio (31%) los periódicos (24%), los espectaculares (22%), y en último lugar el internet (17%) (Parametría, 2015). Por lo que un constante y reiterado espacio en los medios permitía una ventaja indebida en el proceso electoral, misma que fue combatida por los otros partidos vía tribunales, lo que ocasionó una serie de sentencias que multaban al PVEM, el cual lejos de acatar las resoluciones, las desatendía.

En abril del 2015, la ciudadana María de los Santos Villarreal, una estudiante de Monterrey, lanzó por medio de la plataforma Change.com una petición para retirarle el registro al PVEM. Posteriormente el académico Sergio Aguayo la contactó para sumarse formalmente a su petición y proceder de manera legal en contra del partido (Aristegui noticias, 2015).

Así nació un movimiento de ciberactivismo con el hashtag #Quitenelregistroalverde, el cual tuvo miles de vistas. Durante el 13 y parte del 14 de junio, el hashtag #Quitenelregistroalverde fue el más twitteado. El 64% de los comentarios twitteados sobre el PVEM eran negativos (Srtrendingtopic, 2015).

Tras el éxito obtenido en redes sociales por el movimiento Quiten el Registro al Verde, todos los partidos políticos excepto el PRI se sumaron a la petición ciudadana; oportunismo o no, esto contribuyó a darle espacios a la noticia en medios de comunicación nacional e internacional. En cuanto a medios escritos la noticia se dio en los principales diarios del país, La Jornada, Proceso, El Universal, Reforma y Excélsior.

Por lo que corresponde a las televisoras, no hay muchos datos sobre la transmisión de noticias relacionadas con el tema, tal vez la razón sea que las dos televisoras Televisa y TV Azteca fueron multadas también en 2015 por transmitir los promocionales del PVEM. De la misma forma, conductores y actores de ambas televisoras, cuarenta y dos en total, fueron apercibidos por el TEPJF de que se abstuvieran de hacer propaganda en favor de ese partido, el cual fue multado. (TEPJF, Sala Regional, 2015).

Cabe mencionar que ambas televisoras han tenido una relación muy cercana con el PRI y el PVEM, de hecho, se han formado las llamadas "telebancadas" que son "grupos de legisladores ligados a los intereses del sector de la radiodifusión tanto en la cámara de diputados como en la de senadores" (Sánchez, 2014, p. 1571). Estos grupos fueron decisivos en la reforma de telecomunicaciones en México en el año 2013.

En el ámbito legal el movimiento contra el PVEM logró documentar una serie de actos contrarios a la constitución, a las normas electorales y al modelo de comunicación política en México. Según la postura de los demandantes estos actos y prácticas justificaban la cancelación del registro y fueron planteados en la petición de la siguiente forma:

·         Uso de recursos públicos y privados ilegales.

·         Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.

·         Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.

·         Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.

·         Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.

·         Propaganda ilegal en tortillerías.

·         Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.

·         Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.

·         Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.

·         Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.

·         Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.

·         Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.

·         Uso ilegal de datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacer llegar propaganda.

·         Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.

Los demandantes a la vez pedían que se evitara la participación del PVEM en la jornada electoral de 2015, por lo que exigían que el Consejo General INE diera una resolución antes de la jornada electoral, lo que no sucedió. El PVEM participó en los comicios obteniendo el 6.9 % de la votación.

De la misma forma los demandantes habían hecho la petición de pérdida o cancelación del registro ante el TEPJF, mismo que la desechó alegando que no tenía facultades constitucionales para hacerlo (TEPJF, Sala Superior, 2015). Sin embargo, la Sala Superior dio trámite a la petición para efectos de que se llevara a cabo por un Procedimiento Especial Sancionador ante la Unidad Técnica del INE y se decidiera sobre la pérdida o cancelación del registro del partido político (TEPJF, Sala Superior 2015a).

En agosto del 2015, el Consejo General del INE resolvió los expedientes UT/SCG/Q/SAQ/CG/90/PEF/105/2015 y UT/SCG/Q/CG/111/PEF/126/2015 y acumulados, sobre la petición de los demandantes de retirar el registro del PVEM. Los consejeros votaron siete a cuatro en favor de conservar el registro del partido político.

Los principales argumentos del Consejo General fueron entre otros: que la sanción pedida por el movimiento "Quiten el Registro al Verde" era desmedida, ya que era la sanción más grave que podía aplicarse a un partido. A juicio del INE la disolución jurídica del partido era desproporcionada porque ya se había sancionado al instituto político con anterioridad, y porque "implicaría la anulación o afectación del derecho fundamental de asociación, en su vertiente de afiliación política, de sus 732,724 militantes" (INE, 2015, p.135).

En efecto, las sanciones al PVEM fueron ejemplares ya que sumaron alrededor de 500 millones de pesos (25 millones de dólares). Sin embargo, el financiamiento de los partidos políticos en el país es mayoritariamente público por lo que al final del día, son los ciudadanos contribuyentes los que pagan. Esto no es considerado en ninguna parte de la resolución del INE.

Si bien el INE no explica que conductas a su juicio podrían considerarse desproporcionadas, más allá de violentar grave y sistemáticamente la constitución, ejemplifica con los casos de partidos pro terroristas que existen en España. En otras palabras, se podría pensar que es necesario que un partido se declare partidario de un grupo terrorista o bien haga apología a la violencia para que sea considerada la pérdida o la cancelación de su registro.  Lo que no explica el INE en su resolución es que en los casos europeos, la decisión de disolver a los partidos políticos fue fundamentada en violaciones a la normatividad electoral (Martín, 2010).

Además los consejeros añadieron que las conductas del PVEM no fueron "tan graves" en relación con el resultado de la elección pues de acuerdo a las estimaciones principales encuestas el partido obtuvo un total de 6.91% de los votos. En otras palabras a pesar de la sobreexposición del PVEM en los medios no obtuvo un resultado mayor por lo que en consideración del INE no trastocó la equidad en las campañas. La pregunta sigue en pie ¿hubieran cambiado los resultados si el PVEM no hubiera accedido a la propaganda ilegal?

Según la resolución del INE (2015, 152 y ss.), aunque el monitoreo de la Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM) sobre los medios de comunicación demostró que el PVEM fue el instituto político con más cobertura noticiosa (45:50:42 hrs.), también fue el que más valoraciones negativas tuvo, lo que pudo deberse al conflicto con el movimiento "Quiten el Registro al Verde".

Estos datos pueden corroborarse con las encuestas hechas por Parametría (2015a y 2015b) en marzo y septiembre de 2015 acerca de la valoración y confianza en los partidos, en donde el Verde tiene una opinión negativa de 39% en la primera y 45% en la segunda. El movimiento tuvo su duración entre abril y agosto de 2015, por lo que pudo haber influido de manera directa en el incremento del 6% de opinión negativa.

Tabla 1. Comparativo sobre valoración de la confianza en los partidos políticos en México.

Encuesta de abril de 2015.

Fuente: Parimetría (2015a)

Encuesta de septiembre de 2015.

Fuente: Parimetria (2015b)

Además, durante el conflicto el PVEM careció de apoyo popular salvo de sus militantes, y las pocas declaraciones públicas de su vocero Arturo Escobar fueron en el sentido de llamar "ridículas" a las pretensiones de quitarle el registro a su partido (Milenio, 2015). Si el vocero fue cuidadoso en referirse a los miembros de movimiento Quiten el Registro al Verde no lo fue tanto con los otros partidos políticos como el PAN, PRD y MORENA a los que llamó "rateros e ignorantes" (Excélsior, 2015).

En su resolución el INE decidió conservar el registro al PVEM, lo que motivó un recurso de apelación (SUP-RAP-561/2015 y acumulados), en el cual el Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE. El resultado del conflicto parece indicar un triunfo para la élite partidista en el ámbito legal pero una derrota en el ámbito de la opinión pública. En términos electorales el PVEM obtuvo poca variación en su votación respecto de las dos elecciones anteriores, a pesar de su sobreexposición en los medios de comunicación.

Tabla 2. Variación de la votación del PVEM.

Fuente: Elaboración propia con datos de (INE, 2015).

Como se dijo en un principio, la lucha en la opinión pública radica en legitimar o deslegitimar el discurso el adversario, las personas consideran algo como legítimo o ilegítimo según coincida con sus valores primarios (Lipset, 1969). Las armas que tiene la sociedad civil para luchar en los conflictos contra las élites normalmente son la vigilancia, la denuncia y la calificación (Rosanvallon, 2007). El discurso que más con el que más se identifiquen las personas será el vencedor.

Al final ni la sobreexposición en medios de comunicación ni la propaganda ilegal ayudaron a mejorar el desempeño electoral del PVEM, en lugar de eso parece haber quedado ante la opinión pública como un partido que desobedece a la ley y a la autoridad. La misión del movimiento Quiten el Registro al Verde logró una lucha eficaz en medios de comunicación sobre todo on line para restarle apoyo al partido y deslegitimarlo ante la opinión pública.

Conclusiones

El contexto político mexicano está lleno de conflictos entre actores políticos y sociales. Durante el siglo XX, los conflictos surgieron en torno al gobierno autoritario, generalmente entre la oposición (partidaria y de sociedad civil) frente a las autoridades estatales y al partido oficial. En este período la opinión pública fue controlada por el gobierno casi en su totalidad.

Tras la caída del PRI en el año 2000, la alternancia trajo mayores derechos ciudadanos, la libertad de expresión se maximizó y la opinión pública se diversificó dando entrada a múltiples actores. Si bien algunos de los medios tradicionales comenzaron a asociarse con los políticos para establecer líneas editoriales, la llegada de las redes sociales contribuyó a romper los cercos informativos y democratizar los medios.

En los años 2006 y 2012, los conflictos político-electorales se dieron en razón de la desconfianza ciudadana. En 2006, la idea del fraude electoral movilizó a miles de personas que exigían un recuento de votos. En 2012, el retorno del PRI y un candidato impulsado por las televisoras fue duramente cuestionado por diversos sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantes.

En el año de 2015, miembros de la sociedad civil impulsaron la campaña Quiten el Registro al Verde, la cual tuvo un efecto importante en la disminución de la popularidad del Partido Verde Ecologista de México. La batalla llevada en los frentes legal, político y social rindió frutos, pues si bien el partido no ha perdido el registro hasta ahora, no obtuvo una votación mayor a la de los años anteriores a pesar de su sobreexposición en los medios de comunicación.

Además, el Verde se perfiló como uno de los partidos peor evaluados durante ese periodo electoral por lo que podemos concluir que se mantiene a flote gracias a su voto duro. Además, las multas impuestas al instituto político han minado su capacidad de acción frente a otros partidos, a pesar de que estas fueron pagadas con recursos públicos.

En el ámbito jurídico la batalla la ganó el PVEM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien resolvió el recurso de apelación consideró que las violaciones sistemáticas y generalizadas a la constitución y las normas electorales no eran un motivo suficiente ni proporcional para quitar el registro a un partido político. Esta instancia desoyó la exigencia de la sociedad civil que pedía un castigo ejemplar a los partidos que violaran la constitución; en lugar de ello, optó por el discurso de la desproporcionalidad de la medida exigida y la maximización de los derechos político electorales de los ciudadanos que pertenecen al PVEM.

Independientemente del resultado en el Tribunal, el enfrentamiento deja una lección importante a la clase política mexicana. Cada vez los ciudadanos están más al pendiente de sus actividades y son más críticos con sus acciones. La sociedad civil puede y debe combatir la corrupción y el abuso de poder por parte de los partidos dejando atrás la partidocracia y caminando más en el lento sendero de la consolidación democrática. El conflicto entre la sociedad civil y el Partido Verde dejó derrotado al segundo quien a pesar de la sobreexposición, las violaciones generalizadas y sistemáticas a la constitución y la utilización ilegal de recursos públicos no aumentó su votación histórica.

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[1]Especialista en Derechos Humanos, Democracia y Representación y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente Docente e Investigador en la  Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.