Desigualdad y pobreza: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, un caso ejemplar
Inequality and poverty. Metropolitan Area of the Aburrá Valley, a case in point
Ángel Emilio Muñoz Cardona Ph. D. Escuela Superior de Administración Pública Medellín-Antioquia.
"Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno"
Emiliano Zapata.
Resumen
Si partimos del axioma, según el cual uno de los principales objetivos del gasto público es reducir la pobreza, porque justifica el consenso ciudadano que da vida a la existencia de una sociedad para el bien común, puede afirmarse que el gasto social coadyuva al fortalecimiento de la democracia de los países. De allí, la pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer la inclusión social en economías globalizadas dentro de un Estado social de derecho?, ¿cómo reducir la pobreza, para que sea posible la vida social y comunitaria digna? El ensayo se basa en los logros alcanzados en el índice de condiciones de vida de los municipios del Valle de Aburrá con una densidad poblacional de 3.777.009 en el 2015; una muestra aleatoria con distribución proporcional de 12.786 encuestas, (10.725 área urbana y 2.061 área rural); para un nivel de confianza del 97,9 % y un margen de error del 1 %. La investigación concluye que la unión municipal es determinante para la reducción de la pobreza, a través de la conformación de áreas metropolitanas o de provincias en la administración y planificación del territorio.
Palabras clave: Provincia, área metropolitana, pobreza, índice de condiciones de vida e índice de condiciones de vida multivariado.
Abstract
If we start from the axiom, "one of the main objectives of public spending is to reduce poverty, because it justifies the citizen consensus that gives life to the existence of a society for the common good." In other words, because it contributes to the strengthening of democracy in countries. Hence, the research question: How to strengthen social inclusion in globalized economies into of the social state of law? How to reduce poverty, so that social and community life will be dignity? The essay is based on the achievements in the index of living conditions of the municipalities of the Valley of Aburrá with a population density of 3,777,009 in 2015; an aleatory sample with proportional distribution of 12,786 surveys, -in the urban area 10,725 and in the rural area 2,061-; for a confidence level of 97.9% and a margin of error of 1 %. The research concludes in the importance of the municipal union for the reduction of the poverty, through the conformation of metropolitan areas or of the provinces that strengthen for the administration and planning of the territory.
Key words: Province, metropolitan area, poverty, index of living conditions and index of multivariate living conditions.
Introducción. La pobreza un concepto relativo
Se dice que una persona es pobre si no está en condiciones de satisfacer sus necesidades mínimas de bienestar económico y de acceso a una vida digna. Desde esta perspectiva las necesidades básicas mínimas de una persona podrían dividirse en dos: las de supervivencia y las de acceso a una vida con calidad.
Las necesidades mínimas de supervivencia son alimentación, vestuario, refugio y empleo. De igual manera, el desarrollo social y de las estructuras políticas exigen el cubrimiento de otras necesidades civiles básicas que garanticen los derechos fundamentales de la persona para la igualdad y la dignidad de trato, son ellas: educación, vivienda, salud, recreación, servicios públicos domiciliarios, autorrealización, libertades políticas y de expresión (Max Neef; Elizalde; y Hopenhayn, 1994).
El conjunto de las anteriores necesidades básicas se conocen como vitales para el desarrollo social de la persona, obviamente dichas necesidades vitales están enmarcadas dentro de un contexto cultural, por lo tanto, son diferentes entre regiones y países. Por ejemplo, un árabe y un norteamericano tienen por razones de cultura libertades políticas y gustos diferentes en alimentación y vestuario. Un wayuu y un antioqueño poseen diferentes creencias religiosas y filosóficas. Un africano y un francés asumen conceptos de libertad de género y de autorrealización diferentes. Lo que en conjunto los diferencia tanto en su accionar como en la demanda para el cubrimiento de sus necesidades básicas mínimas.
Dentro de la definición de pobreza en sociedades contemporáneas es menester tener en cuenta, algo tan subjetivo como es el sentimiento de pobreza (Muñoz Cardona, 2009: 108), el cual nace como un subproducto de dos hechos:
Primero, los avances tecnológicos a gran escala y el mercado crean nuevos estratos socioeconómicos del consumo alrededor de lo que está de moda; por ejemplo, grupos de personas, aceptan como amigos solo aquellos que lucen determinada marca de bienes, lo que define un status de pertinencia. Sí alguien desea ser parte de ese círculo de amigos y no ostenta lo que los demás lucen no puede pertenecer; lo que lo hace sentir pobre sin ser económicamente pobre. Dicho sentimiento de infelicidad lo anula, lo acobarda, lo excluye, lo aleja y lo silencia.
Segundo, del mismo Estado social de derecho que al catalogar a ciertas poblaciones de vulnerables les crea el imaginario de ser poblaciones sujetas a protección indefinida en bienes y servicios sin contraprestación. Economías del regalo que anulan la dignidad de seres humanos responsables con el otro y fortalece la cultura del free rider o del parásito atenido. Son sociedades ricas, pero carentes de capacidad creativa e innovadora para el libre desarrollo autónomo, social y económico. Sociedades no benevolentes, que adolecen de la cultura del pago de impuestos para bien de toda la colectividad. Sociedades acostumbradas a reclamar derechos sin responsabilidad de deberes.
De allí, el llamado de atención que hace John Stuart Mill sobre las ayudas de los gobiernos a las poblaciones pobres, al afirmar que estas no pueden anular la capacidad creativa que hay en ellos, ni atentar contra su capacidad de ser espontáneos. Las ayudas públicas deben tener un límite, un objetivo de logro, un seguimiento y una planeación, de manera que quienes disfrutan de dichas ayudas no pierdan su condición de hombres libres y de amor propio (Mill, 1951: 827)
La condición del pobre tiene que dejar de ser, como ha llegado a hacerlo objeto de deseo y envidia para el trabajador independiente. Hay que facilitar ayuda; no debe permitirse la inanición; los niveles mínimos de vida y de salud tienen que estar a disposición de cuántos lo soliciten; pero todos los que son capaces de trabajar deben ser atendidos en términos tales que hagan que la necesidad de aceptarlos sea considerada como una desgracia... con este fin, solo debe concederse ayuda a cambio de trabajo, y un trabajo, por lo menos, tan molesto y difícil como el menos afortunado de los trabajadores independientes (Mill, 1834: 361).
Los sentimientos de pobreza son subjetivos porque pueden hacer sentir pobre a quienes económicamente no lo son, por lo que las personas se ven a sí mismas como carentes e infelices. El sentimiento de pobreza puede ser causa de violencia e incluso de deterioro moral, de actos delincuenciales y asociales, de envidias, stress y de frustración general (Muñoz Cardona, 2009: 109); lo que, es necesario corregir, ya que puede llevar a la existencia de sociedades deshumanizadas por el deterioro de valores fundamentales, como el altruismo y la benevolencia. Valores imprescindibles en la construcción de la justicia distributiva en Estados sociales de derecho.
La pobreza como concepto está también limitada por el territorio. El número de habitantes de una población, así como sus costumbres y tradiciones. Un municipio de 500.000 habitantes no demanda la infraestructura de ciudad que demanda un municipio de 3.000.000 de habitantes y menos aún de 9.000.000. La pobreza es, por tanto, un concepto de bienestar relativo al crecimiento de la sociedad y sus costumbres. Si hablamos de las poblaciones negras de los palenques, por ejemplo, en San Basilio, Tierra Alta y Tierra Baja, el interés fundamental de la comunidad es conservar sus tradiciones africanas en medicina, educación, alimentación, música y duelo fúnebre. Por lo que sus pobladores, en aras de conservar sus lenguas ancestrales del Kikongo y Lubanlú no aceptan las políticas de educación dadas por el Ministerio de Educación Nacional en bilingüismo –español e inglés- (Friedemann, Nina & Patiño, 1983; Ministerio de Cultura, 2010). Tampoco gustan del uso de hospitales y centros médicos, ellos prefieren al curandero y las parteras que a través de los tradicionales rezos y plantas naturales atienden enfermedades y ayudan al alumbramiento (Consejo Comunitario Kankamana; 2016). El indígena wayuu prefiere la construcción de ranchos y de casas con cocina sin techo rodeado de cactus y otros materiales naturales, a las acostumbradas casas del centro del país con cocina de cemento, arena, teja y adobe. De igual manera, en la aplicación del sistema de justicia el wayuu prefiere dar obediencia al ordenamiento familiar y comunitario ordenado por el Palabrero.
La pobreza como concepto económico también está socialmente determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas. A medida que la población crece aumentan las demandas de bienes y servicios tanto públicos como privados. Si un municipio, por ejemplo, posee 10.000 habitantes no demanda de medios de transporte masivo como el Metro; pero si demanda, bajo el principio de igualdad de derechos en bienes básicos fundamentales como la salud, los servicios públicos domiciliarios, la educación, la cultura, la recreación y la vivienda. Bienes que para ser garantizados en calidad, demandan de la existencia de economías de escala, es decir, de un mayor volumen poblacional para mayor cobertura a menor costo en el servicio.
En otras palabras, el Estado social de derecho es posible de ser garantizado en poblaciones cada vez más grandes; de allí la importancia de las uniones municipales y departamentales para la administración y planificación del territorio. Integración político-administrativa que además de facilitar los bienes comunes fundamentales, faciliten el crecimiento económico y favorecen nuevas alternativas de empleo para la población joven; reducen los impactos negativos del desempleo estructural, fomentan la creatividad, la autorrealización y los proyectos de vida (Muñoz Cardona, 2015: 109).
La unión de municipios conforman un territorio integrado capaz de ofrecer mejores centros de educación para la innovación social y tecnológica: hospitales con mejores servicios de hospitalización y de atención de enfermedades, medios de transporte más eficientes, mejores materiales sismo resistentes para la construcción de viviendas de interés social y prioritario, variados espacios deportivos al aire libre, mejores servicios de cobertura en calidad de agua y manejo eficiente de residuos sólidos. En otras palabras, se amplía la cobertura del Estado social de derecho. En territorios político-administrativos integrados lo que más importa es la cobertura del servicio, es decir, la gente, no las fronteras invisibles de líderes políticos que secuestran las economías municipales.
Si la pobreza es un concepto relativo, ¿cómo medirla objetivamente? Para medir la pobreza, Colombia sigue estándares nacionales e internacionales que representan entre el 80% al 85% del total de la población y concede a poblaciones de minoría étnica, ancestrales e indígenas su propio derecho de ordenamiento social conforme a sus leyes y tradiciones (Constitución Política de Colombia, 2012, Artículos 7, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 63, 70, 72, 246, 310, 329, 330).
Medición de la pobreza
El gobierno Colombiano tiene como método oficial de medición el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, el cual se complementa con el Índice de la Calidad de Vida ICV, calculado por el Departamento Nacional de Planeación y con el Índice de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Con esta información el Gobierno Nacional fija las estrategias a seguir en materia de políticas públicas para la reducción de la pobreza. Antes de hablar de cada uno de los anteriores indicadores se analizará el índice de dependencia económica y de crecimiento de empleo para los jóvenes.
a. Índice de dependencia económica (IDE)
En Colombia según la clasificación laboral del Dane la población con capacidad de independencia económica está entre los mayores de 15 años y los menores a 65 años de edad; por tanto, las personas menores de 15 años y los mayores de 65 años son dependientes, las cuales el Estado busca proteger en sus derechos mínimos de dignidad a través de instituciones, como: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Cajas de compensación, políticas públicas de protección al menor y al adulto mayor. A partir de esta clasificación, analicemos la importancia del IDE en la población joven, ya que nos dice qué proporción de ellos trabajan por el logro de la autorrealización y construcción de su propio proyecto de vida.
Tabla 1. Índice de dependencia económica y de desempleo en los jóvenes.
Fuente: Centro de Estudios del Área Metropolitana. PD: Población dependiente (Personas de 14 años o menos o personas de 65 y más años). PET (Población en edad de trabajar entre 15 y 64 años). PEA es la población económicamente activa.
Para el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, el IDE muestra[1], como desde el año 2011 se ha reducido en los 10 municipios del área metropolitana. En el 2011 más del 50% de los jóvenes entre los 14 y los 26 años de edad dependían económicamente de su familia; para el 2015 menos del 40 %, lo que significa que ellos han mejorado en oportunidades de empleo en todo el Valle de Aburrá (Ver Tabla 1). Dichos aciertos, se pueden justificar en el Banco de las Oportunidades, los Cedezos, los Parque E, los centros de innovación tecnológica Rutan, el Club Metropolitano de Emprendimiento y su articulación con el Plan Estratégico de Empleo para el Valle de Aburra 2016-2028.[2] (Plan de Gestión, 2016; Plan Estratégico de Empleo, 2016).
Políticas que buscan aprovechar la capacidad creativa de jóvenes y adolescentes de la región, reducir el desempleo, mejorar las condiciones de vida en los barrios, reducir la violencia y construir un mejor tejido social al interior de los mismos municipios. Obsérvese que el desempleo viene pasando de dos dígitos a un solo digito en el Aburrá Sur, donde se asientan los municipios con menor violencia y mejor calidad de vida (Ver Tabla 1).
b. Índice de la Línea de pobreza (ILP)
Este indicador internacional, usado por el Banco Mundial, parte de considerar que cada persona o familia necesita un ingreso mínimo para poder adquirir los bienes y servicios esenciales; el cual depende de los precios existentes en cada país para una canasta determinada de bienes y servicios. El Banco Mundial usó hasta el 2015 el promedio internacional de ingreso per cápita mínimo de dos dólares estadounidenses diarios para sobrevivir; después del 2015 a raíz de la devaluación internacional del dólar pasó a 4 dólares. De ser así, se estaría afirmando, que en el mes de octubre del 2017 en Colombia, una persona demanda entre los $11.972 y los $12.000 diarios para sobrevivir al día. Lo que parece contradictorio, ya que:
·El monto de los 4 USD diarios es arbitrario, por cuanto no tiene en cuenta las condiciones reales de las economías de cada país, lo que limita fuertemente el cubrimiento de las necesidades de supervivencia en ciertas poblaciones.
· La inflación como la disponibilidad de los bienes que conforman la canasta familiar varía según el país, según la cultura y el territorio
· No se contemplan: los activos monetarios, la riqueza, los subsidios que sirven de colchón ante la crisis por desempleo.
· No se tiene en cuenta las condiciones de vida, y las posibilidades de mejoramiento futuro poblacional por formación tecnológica y universitaria.
El Dane en Colombia realiza el cálculo del ILP por ingresos promedio del núcleo familiar; para ello, toma en cuenta dos indicadores económicos fundamentales: el costo promedio de la canasta familiar y el nivel de ingresos promedio por núcleo familiar. Una familia de clase baja percibe en promedio entre 1 a 4 SMLVM. De estrato socioeconómico medio-bajo entre 5 a 11 SMLVM y medio-alto entre 12 a 20 SMLVM. Las familias de estrato socioeconómico alto más de 21 SMLVM. Este indicador busca cerrar las brechas sociales entre ricos y pobres, en otras palabras, a través del cobro de impuestos a las rentas y las ganancias reducir la concentración de la riqueza mejorando la distribución social.
c. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Es el indicador oficial de la pobreza usado en Colombia por el Gobierno Nacional (Constitución Política de Colombia, 2012, Artículo 361). El índice de NBI considera pobre un hogar que sufra al menos una de las siguientes privaciones, e indigente si sufre al menos dos:
- Hacinamiento. Más de 3 personas por cuarto.
- Viviendas inadecuadas en materiales de construcción: tabla, cartón o lata.
- Ausencia de servicios públicos domiciliarios y sanitarios.
- Deserción escolar (niños entre los 6 y 12 años).
- Dependencia económica (más de tres personas viven de los ingresos de una sola persona con salario mínimo legal)
El índice de NBI deja de lado las expectativas futuras de mejoramiento en la calidad de vida de las personas por estudio, ahorros monetarios y de activos reales. Tampoco tiene en cuenta las posibilidades de acceso a la salud, la calidad del medio ambiente, la movilidad y la seguridad, tales como: la ausencia de violencia, el número de accidentes fatales por congestión de tráfico y la carencia de vías peatonales adecuadas para la movilidad.
Para el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá la unión de los 10 municipios ha logrado reducir el porcentaje de las NBI a un solo dígito. En otras palabras, para el caso de Medellín en el 2015, menos del 1,7% de los hogares poseen NBI. Dato altamente significativo sí se toma en cuenta que el 65,24% de la población total del Valle de Aburrá vive en éste municipio. Del 2009 al 2015 tanto en el Aburrá Norte como Sur el porcentaje de familias con NBI se redujo en más de un 300% (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Necesidades Básicas Insatisfechas.
Fuente: Oficina de Planeación del Área Metropolitana del Valle de Aburra.[3]
De igual manera, ocurre con el mejoramiento de las condiciones habitacionales de la vivienda familiar en el Valle de Aburrá. En otras palabras, las políticas de mejoramiento de vivienda y de subsidios a la vivienda de interés prioritario y de interés social han dado buenos resultados en reducción de hacinamiento crítico y de viviendas inadecuadas o sin servicios públicos domiciliarios (<1 %), es decir, en los 10 municipios que integran el Valle de Aburrá menos del 11 % de las familias urbanas y rurales viven en viviendas con déficit cualitativo, es decir, en viviendas que requieren mejoras bien sea por hacinamiento, materiales de construcción precarios, falta de servicios públicos o una combinación de las anteriores (Ver Tabla 2).
Los aumentos de viviendas con déficit cualitativo en el municipio de Medellín para el 2015 obedecieron y aún obedecen, principalmente, a las migraciones internas y a la crisis política en Venezuela desde el 2012.
d.Índice de Condiciones de Vida (ICV)
El Departamento Nacional de Planeación, DNP, complementa el índice de las NBI utilizando el ICV con ello busca evaluar principalmente, la calidad de los bienes que disfrutan las familias colombianas. Si el índice de la calidad de vida aumenta significa que cada vez más familias disfrutan de bienes básicos fundamentales. En otras palabras, la pobreza disminuye. La fórmula de cálculo es la siguiente:
Para el caso de los 10 municipios que integran el área metropolitana, además de jalonar la calidad en los servicios públicos domiciliarios en el área urbana, también lo hacen para las zonas rurales; incluso, va más allá porque brinda a los demás municipios de Antioquia cobertura y subsidio al consumo de bienes públicos domiciliarios con calidad, a través del Grupo EPM, Área Metropolitana, Gobernación de Antioquia, y las diferentes alianzas público-privadas.
En el área metropolitana muy pocas viviendas adolecen de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica. El 95% de las familias del área urbana y el 85% del área rural, disfrutan de calidad en el suministro del servicio (Ver Tabla 3). Para el 2015 en servicio de internet y gas natural un poco más del 50% de las familias disfrutan de dicho servicio domiciliario. Si bien en el cubrimiento de internet se deja a un 50% de la población sin acceso domiciliario, este es parcialmente cubierto con el internet gratuito que ofrece la administración pública, disponible en los principales parques públicos de toda el área metropolitana, Parques Bibliotecas, centros educativos y universidades. También el mercado, ofrece servicios gratitos de internet en centros comerciales, almacenes de cadena y de telefonía móvil.
- El ICV tiene en cuenta las características físicas de la calidad de la vivienda (material de las paredes y pisos). Acceso a los servicios públicos, tales como: servicios sanitarios, agua potable, energía eléctrica, gas y de recolección de basuras.
- En capital humano el ICV tiene en cuenta los niveles de escolaridad de los padres y del grupo familiar, con el fin de valorar el potencial educativo que permite reducciones futuras o salidas de los niveles de pobreza.
- El ICV toma en cuenta el hacinamiento habitacional, -niños entre 6 y 17 años por fuera del sistema escolar, adolescentes con hijos o que son cabeza de hogar.
En Colombia cinco de los 32 departamentos poseen los municipios con mejores indicadores de calidad de vida, es decir, de los 1.102 municipios del país, 72 de ellos poseen los mejores índices en condiciones de vida.
Tabla 3. Índices de condiciones de vida en servicios públicos básicos
Fuente: Centro de Estudios del Área Metropolitana.
Para el caso de Antioquia, los municipios con mejor ICV están son los que conforman el área metropolitana, las Provincias administrativas y de planificación CARTAMA y la Minero-Energética. Municipios que a su vez ganan en la valorización de la tierra, turismo, generación de nuevas industrias bajo el sistema clúster; lo que se traduce en mejores ingresos corrientes municipales por: impuesto predial, tránsito, recaudo de industria y comercio.
e. Indicadores de condiciones de vida multidimensional (ICVM)
El índice de condiciones de vida multidimensional, Tabla 4, se diferencia del ICV, Tabla 3, en que el ICVM toma en cuenta las diferentes características relacionadas con aspectos internos de condiciones de vida del hogar y de su entorno, tales como la seguridad, el medio ambiente, el transporte y el número de muertes violentas por familia, entre otros. En seguridad, el ICVM toma en cuenta, por ejemplo, si algún miembro de la familia fue víctima de hechos delictivos, tales como carterismo, atraco, amenazas, hurto a residencias, a vehículos, a comercio, a empresas, cobro de cuotas o vacunas y/o chantajes, homicidios, accidentes de tránsito, secuestro o raptos de familiares y/o amigos, paseo millonario, robo a cajero electrónico, violencia o maltrato físico familiar, violaciones, estafas o fraudes.
Tabla 4. Índice de Calidad de Vida Multidimensional
Fuente: Centro de Estudios del Área Metropolitana. HVHD: Número de hogares donde al menos uno de sus miembros fue víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses. TH: Total de hogares
El ICVM asigna a cada hogar un puntaje que varía entre cero y cien: A medida que el valor del índice aumenta, las condiciones de vida del hogar mejoran. Para el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, entre el 2011 y el 2015 mejoraron condiciones de vida entre 1 y 3 puntos básicos. Lo anterior implica que aproximadamente el 50 % de las familias poseen muy buenas condiciones de vida multidimensional.
En cuanto al índice de calidad de vida ICV, la pobreza en el 2016 fue del 14,1 %, la más baja desde el año 2007, lo que fortalece y estimula el trabajo conjunto de líderes sociales y de la ciudadanía con empresarios, academia, y gobierno en pro del bien común de los habitantes del Valle de Aburrá. Según informe de Calidad de Vida, 2300 personas han participado con iniciativas barriales en 168 reuniones para complementar el desarrollo local y otras 1900 personas en 79 encuentros para la construcción de la reglamentación de la planeación del presupuesto participativo (El Colombiano, 2017: 12). El Área pretende mejorar el ICVM mejorando el PIB local a través de tres estrategias: Primera, disminuir el índice de desigualdad del ingreso. Segunda, bajar la tasa de desempleo incrementando el indicador de empresas por cada mil habitantes al pasar de 37 en el 2017 a 50 en el 2019. Tercera, formalizar 24 mil unidades productivas en toda el área metropolitana.
f. Índice de Pobreza Humana (IPH)
La Organización de las Naciones Unidas utiliza el IPH para medir los niveles de pobreza de acuerdo a las expectativas de vida, niveles de educación y estándares mínimos de cubrimiento en las necesidades básicas. El IPH en los niveles de longevidad mide la vulnerabilidad a la muerte a temprana edad. En los niveles de educación mide la tasa de analfabetismo para poblaciones de 15 o más años de edad. En los estándares de vida decentes, tiene en cuenta el acceso a los servicios de salud, agua potable y niveles de nutrición.
g. Índice del Desarrollo Humano, (IDH)
El IDH es un promedio simple del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice del PIB per cápita en dólares ajustado, por lo que se calcula dividiendo por 3 la suma de esos tres índices. Esto se expresa en un valor numérico que va de 0 a 1, donde 1 es el mayor grado de desarrollo posible. Índice calculado por el Programa de las Naciones Unidas, PNUD.
El PNUD, con el Índice de Desarrollo Humano IDH, viene evaluando a partir de 1990 la evolución de las naciones desde tres dimensiones fundamentales para el bienestar de las personas: la esperanza de vida (vida larga y saludable), el acceso al conocimiento a través de la educación y un nivel de ingresos que permita alcanzar un modo de vida digno (ingreso medio). Este indicador permite establecer el impacto de la economía y de la acción estatal en la calidad de vida de las personas, en la expansión y en el uso de las capacidades humanas.
En el contexto internacional del desarrollo humano, Colombia ocupó en el año 2014 el puesto 99 y en el ámbito latinoamericano superada por Argentina (puesto 39); Chile (puesto 41) y Uruguay (puesto 51), países que rebasaron los 0.8 puntos de Desarrollo Humano. El nivel del IDH de Colombia es muy similar al de Venezuela (puesto 70), Brasil (puesto 71), Perú (puesto 86), y más avanzado que el de Salvador, Nicaragua y Bolivia, este último se mantiene por debajo de los 0.7 puntos del Índice de Desarrollo Humano.
El índice de esperanza de vida en Colombia ha venido en ascenso, lo que se traduce en reducción de los niveles de violencia, en promedio un Colombiano vive por encima de los 70 años, siendo mayor la longevidad en las mujeres que en los hombres en 5 años. De igual manera, el índice de logro educativo muestra que Colombia ha mejorado en cobertura educativa, pero muy poco en innovación e investigación tecnológica. Las universidades poco jalonan con investigación las dinámicas del crecimiento industrial.
Para el caso del área metropolitana la cobertura en educación se ha venido desarrollando en los últimos 17 años bajo el modelo de la economía de la oferta. Los gobiernos municipales entregan becas de apoyo financiero a los mejores estudiantes de colegios públicos con altos puntajes en las pruebas de Estado que desean ingresar a la universidad pública o privada. De igual manera, los municipios ofrecen ayudas financieras para estudios técnicos. Los estudiantes de bajos recursos que no logran buenos puntajes en las pruebas de Estado, el Fondo del Grupo EPM ofrece créditos a baja tasa de interés, con posibilidad de ser condonable por buen rendimiento académico.
Tabla 5. Cobertura en Educación en el Área Metropolitana
Fuente: Centro de Estudios del Área Metropolitana. Oficina de Planeación.
El esfuerzo principal de los municipios del área metropolitana está en la financiación de la educación primaria y secundaria, como lo ordena la ley de educación nacional.
Grafico 1. Cobertura en educación
Fuente: Datos estadísticos tomados de la Oficina de Planeación del Área Metropolitana del Valle de Aburra.
Pero, la educación preescolar, niños entre los 4 y los 5 años, no es tema de preocupación para las administraciones municipales; lo que explica porque entre el 2009 y el 2015 dicho nivel de cobertura se redujo a tasas superiores al 92,84% en el Centro, del 50 % al Norte y del 87,66 % al Sur del Valle del Aburra.
En cuanto al apoyo municipal a la educación universitaria y técnica es baja (Ver Gráfico 1), por las limitaciones propias de la economía de oferta y las pocas instituciones públicas de educación superior. Los municipios del área metropolitana, usan parte de sus ingresos corrientes en financiar becas de estudio a jóvenes de estrato socioeconómico 1, 2 y 3. De acuerdo al monto de recursos disponibles, la administración municipal fija el puntaje mínimo de las pruebas Icfes a becar; el aspirante a la beca deberá a su vez vivir en el municipio y haber nacido allí. De esta manera, las administraciones municipales del área metropolitana intentan retener a su población joven, es decir, evita la fuga de cerebros, con el fin de garantizar la prosperidad futura de la región. En otras palabras, reducir las pérdidas de inversión en capital humano.
Causas y consecuencias de la pobreza
A nivel internacional el fenómeno de la pobreza está más asociado con los países emergentes o subdesarrollados, las razones que explican las causas de la pobreza van desde el orden político como la corrupción, hasta el orden económico y social como la carencia de recursos y de infraestructura. De igual manera, algunos críticos de la globalización creen ver en éste modelo la causa principal de la pobreza. Ven en la globalización de las economías una especie de imperialismo o de colonialismo, por lo que critican ampliamente los tratados comerciales, no quiero decir que no tengan razón, pueden tenerla; pero, lo que sí se debe dejar en claro es que las causas de la pobreza anteceden al fenómeno de la globalización, o no se pueden reducir exclusivamente a las relaciones internacionales o a la existencia de acuerdos comerciales.
Entre las razones que explican la pobreza en los países subdesarrollados como Colombia se tienen: La corrupción política, la impunidad jurídica y la baja calidad en la educación; las que a su vez, son generadoras de violencia, descomposición social y pérdida del capital social. Comentemos rápidamente cada una de ellas.
a. Corrupción política
Entendida como la apropiación privada de los bienes públicos, se manifiesta en forma creciente en nuestro medio cultural del subdesarrollo. No es que en los países desarrollados no exista la corrupción, claro que si existe, solo que en países pobres como Colombia, México, Perú, Brasil, Bolivia y Ecuador se nota mucho más por los altos niveles de pobreza, concentración del capital y las bajos desarrollos tecnológicos, que se traducen en baja cobertura poblacional en educación, salud, alimentación y vivienda.
La pobreza como fenómeno causado por la corrupción es el problema social más grave, ya que se opone al deber ser del Estado político, la búsqueda por interés público y el bienestar común. En Colombia, por ejemplo, la corrupción ha permeado gran parte del tejido social, con la más aguda inteligencia. Diariamente en los noticieros se escuchan actos de inmoralidad política, tales como sobornos, peculados malversación de fondos, desfalcos, tráfico de influencias, favoritismos, compadrazgos, nepotismo, abusos de autoridad, pago de favores, fraude electoral, clientelismo, incumplimiento de jornadas laborales del senado y del congreso y hasta desapariciones políticas forzosas, aún no esclarecidas.[5]
La corrupción no permite el uso eficiente de los recursos corrientes del Estado, por lo que se convierte en actos de inmoralidad política, ya que el fin de estos es financiar el bien público y no privado. El Estado justifica el cobro de impuestos obligatorios con el fin de redistribuir bienes y servicios en la población de escasos recursos. De tal manera, que se mejoren la calidad y las condiciones de vida de la población más pobre. Por lo tanto, es un delito atroz contra las instituciones del Estado y de la moral política el uso inapropiado de los recursos públicos con fines privados, ya que atenta con la salud, la educación, la moral, la vida y la dignidad social de miles de personas.
Desde 1980 el gobierno de Antioquia ha intentado contrarrestar dicho fenómeno a través de la conformación del área metropolitana. El Área Metropolitana es la encargada de desarrollar las obras de infraestructura y de Ordenamiento Territorial a futuro que demanda la región para el desarrollo clúster y social. El Área financia sus proyectos de acuerdo al avalúo catastral alcanzado. Si la región crece en el bienestar social y económico, entonces aumentan las sobretasas a los impuestos directos de Tasa de Contribución, Tasa de Retribución al Medio Ambiente e Impuesto de Valorización Predial y Gasolina. De esta manera, los municipios pueden cobrar la Sobretasa Ambiental en un 0.15% (Artículo 43 de la Ley 99 de 1993) y el 2 por mil de sobretasa de Avalúo Catastral, Obras y Servicios públicos Metropolitanos, entre otros (Ley 128 Artículo 22,1994, literal a).
Dos documentos determinantes fueron los informes Monitor Colombia y Monitor Medellín realizados a principios de la década de 1990, en ellos se esclarecieron las bases sobre las que reposa el desarrollo del país, y se muestran los retos que debe afrontar la región para estar posicionada como un eje productivo y competitivo en el ámbito global. De igual manera, se desarrollaron estudios como: "La Ventaja Competitiva de la Actividad Empresarial Antioqueña hacia el Siglo XXI" y "Antioquia Avanza hacia nuevos Esquemas de Desarrollo Empresarial", entre otros, buscando el desarrollo productivo de la región de manera sostenible y dinámica, frente a Colombia y el mundo. Es en todos estos estudios donde se empieza a vislumbrar y consolidar la iniciativa Clúster como una potente estrategia de desarrollo que permite construir tejido empresarial por medio de la conformación de redes de negocios y la identificación de oportunidades de mercado (Cámara de Comercio de Medellín, 2006: 5).
Gracias a la unión de políticas públicas, Clúster y Área Metropolitana, los 10 municipios adelantan proyectos fundamentales que beneficia al 80 % de la población antioqueña en desarrollo de ciudad y movilidad, tales como El Metro y todo su sistema de transporte integrado desde el año 2004, Parques del Rio desde el 2014, Red de Bicicletas Públicas desde el 2014, Cultura Ciudadana o Cultura Metro desde el 2004, Mi Rio: recuperación y conservación del Rio Medellín y su Alumbrado Navideño desde el 2004, Plan básico de Ordenamiento Territorial desde el 2006, Control a las emisiones de gases y niveles de ruido, Red de Bibliotecas y Centro de Innovación Tecnológica Rutan desde el 2008 y 2010, entre otros.
A partir del 2010 el Área Metropolitana buscando reducir los fenómenos de la conurbación busca impulsar el crecimiento de otras regiones del Departamento, para ello ha creado el modelo PAP, Provincias Administrativas y de Planificación del territorio.
Se trata de construir un concepto que va más allá de la redistribución de los ingresos, se habla de justicia en la sociedad; un concepto contemporáneo que involucra la libertad política, la eficiencia económica en el uso de recursos públicos y privados y la razonable satisfacción social (Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 2007: 186). Lo que se alcanza mejor en un clima de interacción cooperativa en el que el voto, la negociación y las acciones compartidas son precedidas de informes transparentes de gestión y en el que las acciones del gobierno son marcadas por la legitimidad (Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 2007: 189)[6].
El área metropolitana del Valle de Aburrá al igual que las provincias son un modelo administrativo y de planificación futura del territorio; son un esquema asociativo público-privado para el desarrollo regional sostenible, afirma Eugenio Prieto Soto:
El Área avanza en la tarea de hacer realidad la descentralización política, fiscal y administrativa como instrumento para reducir las desigualdades y las inequidades en los territorios y avanzar definitivamente en la búsqueda de un diálogo que rompa las asimetrías entre el centro y las periferias de nuestro territorio (...) la integración es razón de crecimiento local capaz de contrarrestar la soberbia del centralismo administrativo y la desidia de las autonomías locales (Prieto, 2017)[7]
La asociación municipal con equidad es un modelo de crecimiento en inversiones para la satisfacción de necesidades comunes, en cuanto a movilidad, infraestructura, servicios públicos, vivienda recreación y esparcimiento. La meta del Plan Integrado de Desarrollo Metropolitano es cumplir con las ejecutorias en más de un 95 % (en esencia esto se expresa en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5).
Las Provincias Administrativas de Planificación PAP y las Regiones Administrativas de Planificación RAP no son entidades para la competencia de los recursos escasos recursos públicos, sino para ser competentes, es decir, para el fortalecimiento institucional y de la región en el desarrollo con equidad humana y territorial (Prieto, 2017; Lannetti, 2017).
Los territorios no se ordenan solo a través de decisiones políticas sino de la vinculación de todas las fuerzas sociales que la integran; de allí que la nueva ruta del desarrollo está enmarcada por la asociatividad de los territorios como herramienta para la planeación con criterios de sostenibilidad con equidad (Prieto, 2017; Lannetti, 2017). Una planeación que consulta las realidades, culturales, económicas, productivas y de competitividad. Actualmente el área ha logrado consolidar 48 acuerdos y decretos municipales relacionados con desarrollo económico local sostenible (Prieto, 2017).
Tal fue el caso, por ejemplo, cuando en el año 2000 se conformó el Consejo Regional de la Cadena Láctea de Antioquia, asociación público-privada, que dio vida al clúster de turismo[8] "La Ruta Lechera" en el 2007, que integra los municipios de San Pedro de los Milagros, Don Matías, San Félix, Entrerríos, Santa Rosa de Osos y Yarumal.
Estrategia competitiva que mejoró y diversificó la producción; pero sobre todo, da a conocer a la región y al mundo las riquezas artísticas del territorio que la conforman: la Sixtina de San Pedro de los Milagros, una de las iglesias más bellas de Colombia, por su gran valor artístico plasmado en los lienzos de sus techos y paredes. De igual manera, se promociona y se da vida a las tierras de la más lírica poesía antioqueña, Santa Rosa de Osos, tierra del poeta Porfirio Barba Jacob y Yarumal cuna del himno de Antioquia y del poeta Epifanio Mejía. Asociación público-privada que valorizó la tierra, mejoró los ingresos fiscales de las regiones, mejoró la movilidad con el transporte Metro y Metro Cable, facilitó el ingreso de las mejores universidades del área metropolitana del Valle de Aburrá. Progreso cultura y turístico que se ve plasmado en la pedagogía de la producción de leche de la vaca de raza Holstein, Manuela,[9] atracción principal del Parque Temático Vía Láctea, desde el 2009.
Los municipios de La Ruta Lechera se integran como Provincia a partir de noviembre de 2017 con 12 municipios más, para conformar la Provincia Administrativa y de Planificación PAP, Minero-Energética del Norte y Nordeste de Antioquia.[10] Asociación intermunicipal que jalona el desarrollo de la región y facilitará la conservación de las empresas mineras y de agua en manos de empresas nacionales para el progreso socioeconómico del mismo territorio y de sus gentes.
b. Impunidad jurídica
Para el padre de la economía, Adam Smith el principal valor que da cohesión a una sociedad es la justicia, para él, una sociedad puede existir sin benevolencia, sin solidaridad, pues estas embellecen el edificio social. Pero si en una comunidad de hombres no existe justicia, entonces, no existe sociedad, los individuos tenderán a trastocar el orden existente y a matarse entre sí. (Smith, 1997: 180-186).
En Colombia, por ejemplo, la ley no se aplica con equidad y celeridad, parece favorecer más el interés particular sobre el interés social. El concepto de impunidad no se limita a la no sanción de los delitos, sino que comprende la utilización de la ley a favor de intereses particulares o para el desconocimiento de los derechos fundamentales. Cuando la justicia no funciona, alguien usurpa sus funciones, en la mayoría de los casos para ejercerla en beneficio privado. Debido a la incapacidad del aparato de justicia, el delito se torna rentable y crecen los índices de violencia.
Basta, por ejemplo, con mirar y recordar, la cárcel de máxima seguridad en Envigado construida por el mismo reo, Paulo Emilio Escobar Gaviria, para purgar allí su pena por narcotráfico y enriquecimiento ilícito. La casa por cárcel dada a políticos por faltas graves al erario público, la extradición que viola toda clase de derechos de ser un ciudadano, el reciente escándalo sobre la Corte Suprema de Justicia donde 7 de los 11 jueces que la integran son investigados por corrupción y tráfico de influencias. Todo lo anterior deja ver la inoperancia y la debilidad del sistema judicial colombiano, sin contar con los abusos hechos a la justicia transicional seguida con el proceso de paz, en la que no existen castigos por delitos atroces y de lesa humanidad, al ser catalogados como políticos. Y aún más grave, la violación a los derechos sindicales de protesta que sufren los pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC al declarar el Ministerio de Trabajo la aviación como un servicio público esencial[11] y no de transporte masivo, lo que beneficia a la multinacional brasileña Avianca que domina más del 70 % de la aviación en Colombia y le permite reemplazar todos los pilotos nacionales por pilotos brasileros. Medida que enajena, aún más el espacio aéreo colombiano a una sola empresa, y deja sentir una Colombia que ampara más los intereses de las multinacionales que de los mismos colombianos.
La debilidad del sistema judicial colombiano deja ver como se impone la solución violenta a los conflictos, se violan los derechos humanos y se carece de condiciones reales para la defensa de los derechos fundamentales. El aparato de justicia no logra controlar la violencia imperante ni garantiza las condiciones básicas de convivencia. Algunos municipios mineros de nivel 5 y 6, y barrios de estratos socioeconómicos 1 y 2 de ciudades como Medellín, Bello, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá son prácticamente lugares vedados para el ingreso de las autoridades.
El índice de impunidad en el 2017, de más del 80 %, fortalece la corrupción y favorece los mecanismos para reproducirla, con lo cual se ve minada la confianza de los colombianos en sus gobernantes y en sus instituciones. La impunidad corroe la confianza frente a la justicia, y conduce al país por una vía de caos y anarquía generalizada que destruye la noción de justicia y los principios éticos.
c. Bajos niveles de educación y la pérdida de capital social
Una educación de baja calidad no permite el desarrollo de la ciencia y la tecnología ni su apropiación por parte de la sociedad. La investigación y su principal actor, la universidad, poco son capaces de generar soluciones para los problemas sociales y económicos del país. Obsérvese, por ejemplo, cuántas universidades existen y cuántas de ellas producen investigación que mejore la capacidad competitiva y de innovación de las empresas, o que mejoren la eficiencia de la administración pública de más del 60 % de los municipios del país del nivel 5 y 6. Comparece el número de ingenieros que existen en el país con el progreso tecnológico aportado al país; el número de administradores de empresas con el crecimiento empresarial; el número de administradores públicos con la reducción de municipios en extrema pobreza por ineficiente manejo del gasto público.
La problemática educativa incide de manera negativa en la sostenibilidad de la sociedad, (Amaya Pulido, 2000: 28), ya que a nivel social, implica desigualdad, pobreza, ausencia de futuro para los jóvenes y bajo capital social. En lo económico, implica una baja en la productividad y la competitividad, haciendo de los fenómenos de integración y de globalización un camino más difícil e incierto para el futuro del país, porque no estamos preparados para competir comercialmente a nivel internacional. Implica el desconocimiento y uso irracional de la riqueza nacional y el desaprovechamiento de un sin número de oportunidades socioeconómicas y culturales que permitirían un desempeño más favorable del país en el contexto global
A nivel político una baja calidad de la educación explica la ausencia de una democracia real, basada en el Estado social de derecho y no clientelista. Un deterioro de valores sociales refrendados en las ausencias de respeto por lo público y en la defensa por las instituciones públicas y democráticas, en el amor al país y a sus territorios.
La ausencia de identidad o de amor por el territorio hace imposible los valores de progreso social, tales como la solidaridad, la unión comunitaria, la conservación de los bienes de inversión pública, la benevolencia, la existencia de una sólida sociedad civil y productiva, pero por sobre todo, el establecimiento de una cultura de la confianza que haga posible el trabajo conjunto y facilite la dinámica de un mercado.
La sociedad colombiana por el sufrimiento de hechos cotidianos como la debilidad jurídica y la corrupción política, se ha debilitado en la transmisión generacional de valores sociales y culturales. Una gran masa de su población joven, por ejemplo, vive de actividades ilícitas como el contrabando, la piratería, la guerra entre pandillas, el fraude, la extorsión, el hurto a bienes y servicios públicos, venta de alucinógenos, el pillaje y el robo. Lo que ha degenerado en la población civil los lazos de confianza, solidaridad y de amor por el país.
Para Colombia lograr un capital social es necesario crear una verdadera y adecuada estructura de valores que le ayude a recuperar identidad cultural y amor por el territorio.[12] Es necesario emprender cambios radicales en el comportamiento civil, generar nuevos paradigmas en lo económico, político, social y cultural, así como en la forma de convivir con el patrimonio público. El destino de Colombia está en las manos de todos.
Para diseñar y reconstruir colectivamente el país al que aspiramos, se requieren, como lo diría el filósofo y matemático Antanas Mockus, entendimiento, comprensión, tolerancia, imaginación, creatividad y audacia, además de desterrar la mentira y el engaño de las prácticas comerciales, es necesario ser una sociedad más política, es decir, más inclinada a la búsqueda por el bien común. Lo que permitirá a Colombia:
- Formar una sociedad basada en valores y principios y crear las condiciones para que el ciudadano pueda desarrollar y utilizar todas sus capacidades.
- Desarrollar en cada colombiano el espíritu de respeto frente al patrimonio natural, de manera que pueda conservarse y convertirse en fuente de riqueza y de placer.
- Construir una economía productiva que permita la acumulación de riqueza individual y colectiva, donde la pobreza no constituya un problema, porque no existe.
- Fomentar el respeto a los derechos fundamentales tanto desde lo civil como desde el accionar político.
- Crear una sociedad organizada y equitativa, en las que se establezcan relaciones permanentes de confianza y solidaridad.
- Diseñar y organizar un Estado que se corresponda con el nuevo pacto social que deben suscribir los colombianos y en donde el interés general prime sobre el particular.
La salud: principal estrategia pública contra la pobreza
La sociedad colombiana se encuentra clasificada en estratos socioeconómicos del 1 al 6. Los estratos 1 y 2 son los más pobres, conformados por familias o grupos de personas cuyos ingresos van entre uno y tres salarios mínimos legales, las cuales representan el 83,3 % (Muñoz Cardona, 2014: 200). Son la población más numerosa y más propensa al sufrimiento de la violencia, enfermedades, maltrato infantil, marginación política, discriminación social en lo laboral y en lo cultural.
Tabla 6. Seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales.
Fuente: Centro de Estudios del Área Metropolitana.
Las necesidades de las personas tienen muchos determinantes, incluido el tamaño de la familia y la edad de los miembros. Por lo que, si se desea elaborar políticas públicas con mayor justicia social se debe hacer primero una caracterización poblacional, principalmente en los temas de salud y seguridad en el trabajo; ya que la salud en las economías de mercado debe ser el principal bien público prioritario, porque le permite a la persona humana conseguir los demás recursos necesarios para sobrevivir.
Para el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá la justicia en la sociedad, es decir, en todas las capas sociales, se ha convertido en un tema de apropiación del territorio fundamental, que facilita el regionalismo de la unidad social en la defensa de la ciudad y sus instituciones. El amor de los antioqueños por el territorio facilita la inversión pública y su conservación, el aseo de la ciudad y el uso responsable de los recursos comunes.
El área metropolitana posee buena red hospitalaria con la que logra cubrir más del 90 % de la población ocupada y afiliada a seguridad social en salud. De igual manera, gracias al clúster de salud producto de la integración política, social y económica de los 10 municipios, el área metropolitana del Valle de Aburrá es líder en investigación médica y atención estética y quirúrgica para el trasplante de órganos como: el corazón, riñones, esfínter, alzheimer y de pulmón; con lo que se logra mejores coberturas de calidad en salud.
Para tratar los problemas de salud el gobierno de orden nacional y el departamento con sus empresas descentralizadas ofrecen el Sisben; programa de cobertura en salud que aplica a personas con patrimonios inferiores a los $50.000.000. Madres cabeza de hogar, población mayor de 60 años, niños, desplazados, desmovilizados, vendedores ambulantes, empleadas de servicio, en general personas de estratos socioeconómicos 1 y 2.
Las alcaldías del área metropolitana queriendo evitar el número de embarazos en adolescentes trabajan juntas en campañas de educación sexual de capacitación en colegios públicos en la que se estimula el uso del condón, programa que son reforzados con métodos de planificación y uso de medios masivos como Teleantioquia y Telemedellín. De igual manera, en la población masculina mayor de edad se educa en la posibilidad de la vasectomía, para mayor control de la natalidad.
Para la atención en salud a la población infantil, las administraciones municipales, han diseñado programas de vacunación, en la que se suministra totalmente gratis las vacunas esenciales que debe tener el niño para su sano crecimiento. De igual manera, en asociación público-privada se brinda a las madres de estratos socioeconómicos 1 y 2 ayuda de lactancia por 10 meses. Finalmente se ofrecen capacitaciones y asesorías psicológicas a madres adolescentes.
Para terminar, más del 60 % de la población ocupada en el área metropolitana está afiliada a pensiones y más del 50 % a riesgos profesionales. Indicadores que si bien son buenos en relación a los del resto del país, deben de ser mejorados al 100 %. Las cajas de compensación como Comfama crearon el subsidio al desempleo, para personas cabezas de hogar, con más de dos hijos y que lleven un año o más sin empleo.
Conclusiones
Antioquia progresa en la reducción de la pobreza porque sus sectores sociales, empresariales y político trabajan unidos en pos del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos con justicia en lo social. Porque la integración municipal en áreas metropolitanas y de provincias ayuda a la planeación del territorio a largo plazo, de tal manera, que el futuro de los municipios no pende de la visión política de un líder sino de toda una comunidad que trabaja unida por una visión futura del territorio. Porque es capaz de deponer los egoísmos de las rivalidades políticas por el bien común de la gente. Los ciudadanos aman el territorio, por el bienestar y el progreso que les ofrece (Restrepo, 2011: 111).
No significa lo anterior, que en el área metropolitana del Valle de Aburrá, no exista desigualdad o inequidad, significa que la región siempre ha trabajado en el bienestar tanto empresarial como social; de allí el arraigo de su gente por el territorio. Significa que las inversiones se ven reflejadas en el crecimiento y desarrollo de la ciudad y en los niveles de cobertura, por lo que evalúan la corrupción regional en menor porcentaje al nacional, por eso sus habitantes evaden menos impuestos y son un poco más solidarios (Mejía, 2017).
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[1] Indica la carga de población en edades dependientes en relación con la población entre 15 y 64 años, es decir, la población productiva para el sistema económico.
[2] En solo proyectos sostenibles y comunitarios del 2016 al 2017 se han generado 121 iniciativas de empresa con acompañamiento empresarial; lo que ha permitido generar 2.283 empleos directos e indirectos. Entre el 2012 y el 2017 se han generado 1.558 ideas de empresas.
[3] PHHC: Porcentaje de Hogares en Hacinamiento Crítico, más de 3 personas por cuarto 
. PHVID: Porcentaje de Hogares en viviendas inadecuadas; en general, se consideran viviendas móviles, refugios naturales o sin paredes. En las zonas urbanas además se tiene en cuenta las viviendas con piso de tierra o material en paredes de bahareque sin revocar 
. PHVSSP: Porcentaje de Hogares en viviendas sin conexión a servicios públicos de acueducto o alcantarillado para el área urbana y hogares sin conexión a servicios públicos de acueducto, alcantarillado o pozo séptico en el área rural. 
. NBI es el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. PVDCL: es el porcentaje de los hogares con déficit cualitativo, VDCL significa Viviendas con déficit cualitativo. Y TV es el Total de viviendas. 
[4] Características de la vivienda: Material predominante de las paredes (MPA), Material predominante de los pisos (MPI), Hacinamiento (HC). Acceso a los servicios públicos: Lugar de donde toma el agua la vivienda (LA), Servicio sanitario que utilizan (SS), Recolección de Basuras (RB). Bienes Muebles: Total de electrodomésticos (TE), Número de vehículos (NVH). Capital humano: Escolaridad del jefe del Hogar (EJH), Escolaridad del cónyuge del jefe del Hogar (ECY), Carga económica (CE)- 
-, Proporción de analfabetas (PAF), Proporción de menores entre 6 y 12 años que no estudian (PM12), Proporción de menores entre 13 y 18 años que no estudian (PM18). Aspectos demográficos: Proporción de menores de 6 años (PM6). Seguridad Social: Seguridad social del jefe del hogar (SGSJH), Proporción de personas en el hogar con seguridad social (PSGS)
[5] Generalmente los casos por corrupción política quedan sin castigo por las alianzas políticas con la Corte Suprema de Justicia, lo que mina aún más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas y de justicia; desde el 2010, se han presentado los siguientes escándalos de corrupción: Agro Ingreso Seguro por 12.700 millones que dejó sin recursos la tecnificación del agro colombiano. El carrusel de la Contratación por 156.000 millones que afectó la movilidad de los bogotanos por la calle 26. Interbolsa por 340.000 millones que afectó al sector de telas y confecciones, en otras palabras, que es causa de quiebra de empresas de dicho sector industrial. Saludcoop por 1.7 billones, lo que afecta al sector salud en Colombia y la calidad de vida de los más pobres y de la clase media. Reficar por 1.5 billones que dejó sin posibilidad del uso de nuevas energías alternativas a 48 millones de colombianos y aumentó la dependencia del consumo de energía fósil y eléctrica. Odebrecht por 11,5 millones de dólares y 60 mil millones de pesos en coimas. Multinacional brasileña que a través del pago de sobornos a congresistas colombianos era la multinacional favorecida en las concesiones para la realización de megaproyectos de inversión pública en todo el país.
[6] Desde el año 2010 cuando se volvió cultura estadística en Colombia el nivel de satisfacción y de percepción, los antioqueños han dado la mejor evaluación a sus gobernantes. La Alcaldía de Medellín, Sabaneta, Envigado, Itagüí y la Gobernación de Antioquia han sido las mejor evaluadas a nivel nacional; incluso los Concejos municipales de estas localidades han contado con niveles de favorabilidad por encima del 82% y una evaluación a su gestión de 3,7. La razón es el desarrollo alcanzado en obras de infraestructura de transporte público, mejoramiento de viviendas, calidad en la educación y de cobertura en servicios públicos (Mejía, 2017).
[7] Para el director del Área Metropolitana, la importancia de la asociatividad municipal es el beneficio de los ciudadanos. El Departamento de Antioquia se ha dividido en 25 subregiones de integración municipal en provincias y áreas metropolitanas (Prieto, 2017).
[8] La Ruta Lechera se creó inicialmente con la participación de las empresas: Cooperativa Colanta, Colesa, Parmalat, Colemma Ltda., Lácteos del Camino, Uralac, Lácteos Rionegro, Lácteos Zarzal, Seilam Ltda., Asociación Holstein, Proantioquia, Solla S.A., Monómeros S.A., Finca S.A., Biocaribe S.A., Contegral S.A., Asociación de Productores de Oriente. Instituciones gremiales: Lideragro-Sumiagro, Fondo Nacional del Ganado (Fedegán), ICA y Corpoica. E instituciones públicas: Cámara de Comercio de Medellín, Secretaría de Agricultura de Antioquia, Banco Agrario. Instituciones académicas y de investigación: Universidad Nacional de Medellín, Universidad de Antioquia, Fadegán y Sena. (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2012).
[9] Manuela, la vaca más grande del mundo, mide 8 metros de altura por 16 metros de largo.
[10] Los municipios que integran la nueva PAP Minero-Energética son: Amalfí, Yalí, Vegachí, Segovia, Remedios, Yolombó, Gómez Plata, Anorí, Carolina del Príncipe, San Roque, Cisneros, Santo Domingo, Angostura, Belmira, Don Matías, Entrerríos, Guadalupe, San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos. (El Colombiano 06/09/2017)
[11] Los bienes públicos esenciales los vincula la economía a aquellos bienes que son necesarios para la subsistencia física del individuo. La aviación es un bien de lujo privado, es un bien de transporte masivo, pero no es esencial, y menos dentro de una economía con grandes avances en las telecomunicaciones. 2 de octubre de 2017.
[12] De allí que programas públicos de educación ciudadana que llevan a cabo las alcaldías de Bogotá y Medellín en procura de la recuperación de valores ciudadanos, son importantes en la recuperación de un tejido social. La Alcaldía de Medellín, por ejemplo, ofrece programas como: Los Cazapichurrias, Arriba mi Barrio, Cultura Metro, La Fuerza de los Argumentos, Hablemos Claro, Cultura Ciudadana, Boletín del Consumidor, entre otros.